Entre los cálculos que se aventuran para intentar una reforma constitucional que rehabilite al presidente Danilo Medina para 2020 o un período posterior, el sector que lidera el jefe del Estado en el Partido de la Liberación Dominicana está contando con los votos del Partido Revolucionario Moderno.
Cuando días atrás el diputado Elpidio Báez dijo que se estaban buscando esos votos, lo que hizo fue pensar en voz alta, pues ya venían tanto él como otros legisladores tanteando esa posibilidad que los congresistas del PRM palabreados en tal sentido no han descartado sumarse a la eventual reforma.
El asunto ha ido en dos direcciones: una, en favor del sector oficial del PLD, y otra, en favor del PRM.
Vamos al grano: el sector del presidente Medina cree que si ya el PRM puso sus votos para la Ley de Partidos sin sufrir mayores consecuencias, lo mismo pudiera hacer para una reforma constitucional condicionada a que la misma se aplique a partir de 2024, es decir, que Danilo no sea candidato en las próximas elecciones.
Los cálculos del PRM para sumarse a otra reforma pudieran estar basados en una estrategia divisionista, algo así como arrojar una granada a un gallinero, en el entendido de que la parte que no muera se alborota.
Eso en términos políticos no es otra cosa que sembrar cizaña al interior del PLD, cuya armonía—al menos temporalmente, opinan algunos—quedó garantizada con el resultado de la reunión de su Comité Central del pasado sábado, cuando alcanzó un acuerdo para la aprobación de las primarias abiertas y otras cuestiones, si bien secundarias frente al trance mayor, por igual importantes.
¿Dónde radicaría el temor del PRM para abrir el expediente de la reforma constitucional? He hablado con algunos dirigentes de ese partido y me han dicho que no ven mayores inconvenientes, pero temen que una vez aprobada la ley de reforma y consignada expresamente la enmienda del artículo 124 en lo relativo al transitorio vigésimo, la Asamblea Nacional Revisora en su rol autónomo pudiera ir más allá de lo previsto y en lugar de rehabilitar al presidente para después de 2024 lo haga para las elecciones venideras.
Y en ese sentido me han dicho no creer que la dirección del PRM corra ese riesgo, a menos que la reforma sea parte de un gran acuerdo nacional en el cual participen las formaciones políticas con representación legislativa y las organizaciones de la sociedad civil que pudieran, estas últimas, servir como testigos de ese entendimiento, y de alguna manera como garantes de su cumplimiento.
Esta última pudiera ser la parte crucial para ese acurdo, dado el peso de los llamados poderes fácticos.
