A veces es una tarea bastante escabrosa entender el accionar de los políticos, sobre todo cuando se trata de afrontar decisiones cruciales en las cuales lo menos que debe primar es el interés particular.
Decimos lo anterior ante el trance en que se encuentra ahora mismo la aplicación de la Ley 33-18 sobre Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas (simplificada como ley de partidos) en lo referente a la financiación de las primarias simultáneas que la Junta Central Electoral organizará en octubre próximo.
Sucede que si en la República Dominicana existe una legislación cuya aprobación fue objeto de toda suerte de estudios, cuestionamientos, discusiones, zarandeos y finalmente aprobación es precisamente la ley de partidos.
Y dentro del proyecto que le dio origen, uno de los temas más controvertidos fue justamente la celebración de las primarias, sobre el cual, se suponía, se dijo todo lo que cada actor debía decir y en consecuencia lo que estaba por definir era la fuente de los fondos.
No resulta ocioso recordar que la JCE fue precisa en advertir que las primarias tendrían un costo superior a las posibilidades presupuestarias de esa institución, cuyo monto fue establecido en principio—y creemos que con exageración—en unos cinco mil millones de pesos, los cuales fueron ajustados sistemáticamente hasta concluir en la cifra que aparenta ser definitiva, es decir, unos 1,450 millones.
Ese monto casi iguala la asignación que en este año preelectoral recibirán todos los partidos reconocidos que suman unos mil 500 millones de pesos. Y esto ha revuelto a las formaciones políticas cuyos dirigentes actúan como si ignorasen el contenido de este artículo de la ley de partidos:
“Artículo 47. Los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística”.
¿Dónde estaban los dirigentes políticos cuando se discutía la ley con este contenido meridianamente claro? No creemos que estuvieran fuera del planeta, pues el aspecto del financiamiento de los eventos partidarios formaba parte esencial de las deliberaciones legislativas.
Ahora ocurre que la JCE presenta un presupuesto en el cual el 86% del costo de las primarias se pretende cargar a la cuenta de los contribuyentes que ya tenemos que asumir el financiamiento cotidiano de las organizaciones políticas.
Es verdad que el sostenimiento de la democracia tiene un costo, pero se debería ser más serios, o por lo menos precavidos, a la hora de asumir ciertas responsabilidades.
