Uno de los elementos más positivos que han emergido del tumulto causado por la presentación de la magistrada Miriam Germán y los cuestionamientos que le hiciera el Procurador General de la República es el consenso casi unánime en la ciudadanía acerca de la necesidad de preservar el debido proceso. Como defensor honorífico de jueces acusados de faltas disciplinarias desde el año 2003, me alegra que muchos de los que antiguamente se espantaban ante la más leve acusación contra un juez y justificaban las violaciones a las formalidades procesales en aras de castigar al juez infractor, hoy aparezcan como celosos defensores de una de las garantías básicas del Estado de Derecho, ignorada todavía hoy por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el
Consejo del Poder Judicial en los juicios disciplinarios a jueces y abogados.
Sería injusto presentar este lamentable episodio como representativo del modo de operar del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y trasladar la responsabilidad de este a todos sus miembros, incluyendo al presidente Danilo Medina. Por sus hechos los conoceréis: una de las mejores selecciones de jueces fue la efectuada en la primera renovación del Tribunal Constitucional y nadie puede cuestionar ni el proceso ni sus resultados, gracias a los cuales hoy contamos con cuatro nuevos excelentes magistrados constitucionales, como lo son Domingo Gil, Miguel Valerio, José Alejandro Ayuso y Alba Beard. Una prueba irrefutable de que nunca ha estado en el ánimo del presidente Medina manipular la evaluación y selección de jueces con fines alejados de los propósitos constitucionales.
Lógicamente, el presidente Medina puede y debe dejar su impronta en la conformación de las Altas Cortes. Si bien no tiene la potestad como el presidente estadounidense de nominar los candidatos a jueces supremos y federales, sí dirige el CNM, preside una mayoría política en su seno y tiene un voto de desempate. Por eso, a la hora de la evaluación de los jueces de la SCJ -mecanismo al cual me opuse como miembro de la Comisión de Juristas para la Reforma Constitucional por considerar que era mejor tener jueces de por vida, como quería nuestro Eugenio María de Hostos, sin someterlos a la actual fiscalización periódica por los poderes políticos-, el CNM puede hacer una evaluación política del desempeño de un juez, considerando la ideología judicial y personal del juez -por ejemplo, su política de inhibición en los casos en que es amigo o enemigo de una de las partes, lo que es clave en una justicia que no le basta ser imparcial sino también que debe aparentar ser imparcial- y respetando en todo momento los aspectos reglados para la designación. Pero hay un gran e irreducible margen de discrecionalidad política que no puede encorsetarse en todos sus extremos como pretenden algunos y que permite escoger entre candidatos de igual valoración y acreditación el que favorezca la mayoría del CNM, que es un órgano constitucional ejerciendo funciones políticas y no meramente administrativas y al cual se le aplica la Ley 107-13 de procedimiento administrativo siempre que no se “desvirtúen las funciones que la Constitución” le encomienda y se garantice “el principio de separación de los poderes” (artículo 2, párrafo II).
Felizmente, hay límites constitucionales, como es el caso de la cuota reservada en la SCJ a los jueces de carrera. Por eso, es la firme esperanza de muchos que el presidente Medina sea el primero en la historia de la República que propicie la designación de un presidente de la SCJ que sea de carrera, como sería el caso de dos magníficos y veteranos jueces como Manuel Ramón Herrera Carbuccia y Alexis Read.
Hay algunos jueces y juristas pretendidamente liberales que añoran los tiempos de la justicia designada por el presidente Balaguer y su Senado gomígrafo. Para quienes vivimos ese régimen oprobioso, indiscutiblemente la justicia de hoy es mucho mejor y por mucho que aquella, la justicia corrompida y politizada hasta el tuétano, la justicia indiferente frente a los torturados, asesinados y desaparecidos por “los intocables”, la de la granada como itinerante cuerpo del delito. Naturalmente, queda mucho por hacer y es deber del presidente Medina, en este momento histórico, darle impulso a la renovación, reforma y adecentamiento de la justicia dominicana. No hay dudas que una SCJ renovada y su nuevo presidente marcarán ineludiblemente esta necesaria e impostergable transformación. Soy de los muchos que estamos absolutamente convencidos que el presidente Danilo Medina liderará al CNM por el buen sendero que haga posible este cambio esperado y fundamental.
