Mejorar la aceptación del impuesto por parte de los dominicanos implica que el Estado se levante como un modelo de virtud cívica y mostrar a los ciudadanos que los fondos son usados correctamente”, Jacques Attali (2010).

En pocos meses se cumplirá una década de haber sido presentado el diagnóstico más perfecto que se ha hecho sobre la República Dominicana acompañado por 77 propuestas, con sus contextos, actores responsables de la ejecución y vías de financiamiento, para montarlas sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo que tenemos desde 2011.

Se trata del Informe Attali, en cuya elaboración participó una comisión internacional compuesta por estas personalidades: Jacques Attali, Pepe Abreu, Rosa Rita Álvarez, Cyrille Arnould, Carlos Asilis, José Luis Corripio, Mathilde Lemoine, Jeffrey Owens, Mario Pezzini, Eduardo Jorge Prats, Marc Stubbe e Ian Whitman.

Es útil recordar los ejes centrales de aquel reporte -que causó una amplia movilización de opinión pública en 2010 y que todavía hoy hace innecesario el balbuceo de políticos convertido en promesas de campaña- en programas de Gobierno más perdidos que el hijo de Lindbergh y las puestas en escena de funcionarios vendedores de espejismos o de “novedades” que no son tales.

Attali planteaba la restauración del contrato social, partiendo en primera instancia de una recuperación de la credibilidad del Estado con una tarea central: el manejo de los fondos públicos de forma transparente y eficiente como estímulo a los contribuyentes que financian con sus impuestos las operaciones de la burocracia.

En ese contexto, lo imprescindible sería un conjunto de reformas (fiscal, tributaria, institucionales) que casi diez años después no se ha asumido a causa de uno de los fenómenos más nocivos para el funcionamiento del Estado que el Informe Attali identificó: el clientelismo.

Otros registros relevantes del documento son: la catástrofe eléctrica (básicamente causada por empresas de distribución deficitarias, con nóminas supernumerarias y un horripilante desenfoque comercial), la poca capacidad de innovación del sector privado, fragilidad y laxismo de las instituciones, el individualismo de los ciudadanos, falta de coordinación,  así como multiplicidad y dualidad de las agencias estatales.

Además, una presión fiscal muy baja, un presupuesto sin margen de maniobra,

un número importante de subvenciones y exenciones, servicios de salud y educación deplorables, baja capacidad exportadora, necesidad de ordenamiento territorial, falta integración de la industria y un clima que no hace al país “business friendly.”

¿Hemos avanzado? Sí. Pero no lo suficiente. Poco más del 3% de las propuestas de Attali son realidad. Estamos casi en el mismo sitio.