Más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Proteger y asegurar sus derechos es un compromiso para 150 países que han refrendado la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Guayana ha sido el último estado en sumarse a este compromiso que entró en vigor en 2008. Desde entonces más de un centenar de países se han unido para promover y defender las garantías básicas de personas que sufren algún tipo de discapacidad.

Cerca de un 15% de la población mundial se encuentra en esta situación. En los países con ingresos más elevados, entre el 20% y el 40% de las personas con discapacidades no reciben la asistencia necesaria para realizar sus tareas diarias. En Estados Unidos, el 70% de los adultos discapacitados recurren a sus familiares y amigos para “que les brinden asistencia en sus actividades cotidianas”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los informes del Banco Mundial y de la OMS permiten conocer las necesidades de este colectivo y los problemas que ponen en peligro su bienestar. Las personas con algún handicap son más vulnerables a la pobreza, el desempleo y el analfabetismo.

Las dificultades para acudir a la escuela es uno de los problemas más importantes para este colectivo. “Se observan desfases entre las tasas de finalización de los estudios para todos los grupos de edad y en todos los contextos, con contrastes más pronunciados en los países más pobres”, afirman desde la OMS. Los niños con discapacidades tienen menos posibilidades de ser escolarizados y, por tanto, de conseguir un trabajo con el cual afianzar su porvenir económico.

Mientras que la tasa de empleo para los hombres sin discapacidad ronda el 65% y el 30% para las mujeres; la cifra desciende hasta un 53% y 20%, respectivamente, si se trata de personas con algún tipo de minusvalía física o mental. A pesar de que “los estudios demuestran que el rendimiento en el trabajo de las personas con discapacidad es igual, si no mayor, que el de la población en general”, aún existe el temor de que “es demasiado costoso atender las necesidades de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo”.

La pobreza es el resultado directo de la falta de educación y el desempleo. Sin ingresos, las personas con discapacidad no pueden afrontar los gastos de la atención sanitaria que necesitan.

“La mitad de las personas con discapacidades no pueden pagar la atención de salud, frente a un tercio de las personas sin discapacidades”, alerta la OMS. Así mismo, “son cuatro veces más propensas a informar de que se las trata mal y casi tres veces más propensas a que se les niegue la atención de salud”.

Entre 110 y 190 millones de personas tienen problemas para vivir con normalidad como consecuencia de alguna limitación de carácter físico o mental. Derechos básicos como la educación, el empleo o la asistencia sanitaria no son tangibles para ellos. Con el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas, esta cifra se está incrementando a nivel mundial. Promover el acceso a los servicios generales, adoptar estrategias y planes de acción nacionales, mejorar la educación, la formación y la contratación, invertir en programas específicos o garantizar la participación de las personas con discapacidades en la aplicación de políticas y programas específicos, son algunas de las iniciativas recogidas en el tratado de la ONU para mejorar sus vidas.

Ciento cincuenta estados se han unido con el propósito de promover, garantizar y proteger el disfrute pleno y equitativo de los derechos humanos por las personas con discapacidad. En definitiva, es una apuesta por un cambio a nivel mundial del concepto de discapacidad. Ya no se trata de una preocupación en materia de bienestar social, sino de una cuestión de derechos humanos. Unidos para reconocer las barreras y los prejuicios de la sociedad que son la verdadera discapacidad de nuestros días.