En sus sintetizadas 50 Teorías Políticas Apasionantes y Significativas, Steven L. Taylor, define la separación de poderes como “un modelo de distribución del poder gubernamental que pone las funciones legislativa (creación de leyes), ejecutiva (implementación de leyes) y judicial (aplicación de leyes) en distintas manos”.

Sostiene el referido autor que “una de las ideas subyacentes a la separación de poderes -y que se toma como artículo de fe en los Estados Unidos- es que el poder político concentrado constituye una amenaza a la libertad individual: si la policía que ejecuta la ley es libre de crear leyes (es decir, de actuar legislativamente) y de aplicar castigos (es decir, actuar judicialmente), ¿qué le impediría actuar mal? Solo su propia conciencia, una idea que mortificaba a pesimista como Montesquieu y James Madison”.

El 16 de mayo del 2020 se cumplirán cuarenta y dos años de haberse implementado efectivamente la separación de poderes, con el ascenso al poder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y su candidato presidencial, Antonio Guzmán Fernández.

Durante los autoritarios 12 Años de Joaquín Balaguer, en los hechos, el poder gubernamental lo encarnaban el Presidente de la República y las Fuerzas Armadas, quedando los poderes Legislativo y Judicial reducidos a simples instrumentos al servicio del Ejecutivo.

Impulsados por los anteriores motivos, los aparatos represivos del Estado, conjuntamente con grupos paramilitares, se encargaban de torturar, asesinar y desaparecer a los opositores al régimen, mientras que los más afortunados eran deportados o encerrados en las cárceles, en condiciones infrahumanas.

La separación de los poderes nunca fue tan degradada, desde que fue instaurada en el 1978 por el gobierno democrático de Antonio Guzmán Fernández, como lo ha sido en los gobiernos hegemónicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Aunque en la Era del PLD la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo no ha causado torturas, asesinatos, encierros y destierros, como en la de Balaguer, ha dejado, en cambio, una secuela de consecuencias nefasta que puede ser resumida en: 1) un endeudamiento irresponsable e ilimitado que ha condenado a la muerte económica a la presente y las futuras generaciones, 2) un grave deterioro de la institucionalidad democrática, 3) un nivel de corrupción nunca antes producido, y 4) una incomparable impunidad que arruinó la credibilidad del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Todas estas prácticas antidemocráticas son el producto, tal y como sostiene James Madison, de que: “La acumulación de todos los poderes […] en las mismas manos, ya sean de uno, de unos pocos o de muchos, ya sea hereditaria, autoadjudicada o efectiva, se puede describir justamente como la definición de la tiranía”.

No obstante el hecho de que el sistema electoral dominicano permite a un partido obtener, al mismo tiempo, los treinta y dos escaños de senadores y la mayoría calificada de los diputados, todo parece indicar que a partir de las próximas elecciones el Congreso Nacional será más plural que en las últimas dos elecciones.

Motivado por su manifiesto compromiso con la institucionalidad democrática, afortunadamente, se puede descartar que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, virtual ganador de las elecciones del 17 de mayo del 2020, exclame como el presidente Danilo Medina: “Yo quiero mi Congreso”.