El candidato y el partido que resulten favorecidos por los electores, para dirigir el país a partir del 16 de agosto, están en la obligación de cambiar el chip respecto a la mirada desde el poder a la sociedad dominicana.

Tradicionalmente se ha entendido que el solio presidencial y una patente de corso son equivalentes. También, que el voto popular queda compensado con dádivas, canonjías y pitanzas distribuidas en la campaña y durante el gobierno.

Una masa crítica cada vez más creciente ha comenzando a demostrar que toma muy en cuenta la transparencia, el compromiso, el comportamiento ético y la vocación de servicio al país.

Está atenta y altamente capacitada para descubrir, demandar, compartir información sobre la gestión pública y colocar en la picota de los nuevos medios (esa tierra de nadie) las perversidades que la arrogancia del poder asume como normales.

Los calderos resonando, las paradas en la Plaza de la Bandera, los memes irreverentes, los estribillos que recorren la esfera digital creando tendencias, son la expresión de un núcleo generacional indomable que reclama soluciones efectivas a los problemas del país.

El mensaje está siendo enviado al sistema político.

La política está empujada a jugar su rol esencial de ser causa y consecuencia de los cambios sociales y económicos más que operar como un juego complejo y retorcido, serviéndose de los hombres para hacerles creer que se les sirve a ellos, como diría Louis Dumur.

La astucia y la truhanería -que se resguardan en las cadenas de complicidades para la impunidad y en costosos “defensores opinativos” sin credibilidad- ya no se sostendrán en pie.
Es conveniente dar un giro hacia la creación de capital reputacional a partir de una administración del poder basada en resultados, rendición de cuentas, narrativa asentada en hechos comprobables (storydoing) y no en la propaganda “goebbeliana.”

El muro de contención más poderoso contra los ataques a la reputación está compuesto por las buenas prácticas y la transparencia. No hay especulación, campaña sucia, chantaje y extorsión que no sucumban ante la fuerza de los hechos legítimos.

Es la mejor alternativa para que la percepción no dependa de “las bocinas” ni de escuchas telefónicos o interventores de chats, quienes solo podrían ser necesarios como intento de protección si la intención es tomar las riendas del poder para delinquir. Si es así, no habrá paz social.