“El que aumenta el conocimiento aumenta el sufrimiento”, dice una línea del Eclesiastés, uno de los libros más bellos de la Biblia. Pienso en este verso cuando a diario leo las noticias que revelan el saqueo de los recursos del estado en el que incurrió la pasada administración que desgobernó este país durante tantos años. Mientras el saqueo ocurría no faltaron los incautos, los ignorantes, los que no sabían qué ocurría porque encontraban escape en los pasatiempos banales o en el consumismo frívolo. Pero si es cierto que estos últimos permanecían en la esfera de la ignorancia feliz en la que capitalizaba el sistema, también es cierto que aumentaba cada vez más la cantidad de los que les veían los colmillos al grupo de lobos de la fauna gubernamental que les chupaban la sangre a miles de ciudadanos que con sus impuestos saciaban la sed de ganancias de estos últimos.
Ser políticamente consciente en un país como el nuestro es sufrir. Es ver cómo se ha instituido un sistema de injusticia que ha aceptado como normal que un grupo de hombres con ambiciones desmedidas usufructúen los recursos del estado como si fueran propios. Es ver, con un intenso sentimiento de impotencia que deja un sabor amargo en el espíritu, cómo un grupo de hienas que depredaron el estado probablemente se irán a sus casas a disfrutar de sus fortunas mal habidas.
Cada día, en lo que parece ser una cadena interminable, se ilustra la manera cómo otro de los funcionarios de la pasada administración, o uno de sus aliados, se benefició a sus anchas de los recursos del estado en lo que bien pudiera calificarse como una antología de la piratería administrativa que supera con creces los actos de corrupción de casi todas las administraciones pasadas en la historia de nuestro país. Basta citar un par de ejemplos: a una de esas legisladoras que tipificó la voracidad insaciable de muchos legisladores del gobierno anterior se le descubrió el jugoso sueldo que devengaba como embajadora en Taiwán mientras simultáneamente cobraba su salario como diputada. En la Secretaría de Relaciones exteriores, en INDOTEL, y está todavía por saberse en cuántas otras dependencias gubernamentales de la pasada administración peledeísta, han aparecido largas listas de gente que cobraba sin trabajar. El parasitismo del pasado gobierno parece no tener límites. Nada de esto duele, porque aún en países más avanzados que el nuestro ocurren casos de corrupción. Lo que irrita es pensar en la posibilidad de que todos esos funcionarios que de manera tan canallesca y campechana usufructuaron el dinero de los contribuyentes se vayan a sus casas sin mayores consecuencias. ¿Se estarán riendo de todos nosotros al saber que hasta ellos no llegará el brazo de la ley?
Uno lee en las noticias internacionales cómo el sistema de justicia de otros países ha castigado severamente a los corruptos que metieron sus manos en las arcas del estado. En El Salvador, el expresidente Antonio Saca y varios de sus ministros fueron acusados de peculado, encontrados culpables y enviados a prisión. Fueron también obligados a devolver al tesoro nacional todo el dinero que se robaron de él.
“Lograr que un expresidente de la república sea condenado (por corrupción) es algo que no había sucedido durante la historia de El Salvador”, expresó Jorge Cortez, fiscal general de la república de El Salvador.
El presidente Luis Abinader ha prometido que no habrá esta vez el clásico borrón y cuenta nueva que durante toda nuestra historia republicana ha sido la norma al tratar los actos de corrupción que han manchado a casi todos los gobiernos de nuestro país, excepto el de Juan Bosch. La mayoría de la gente en este país, hastiada ya de ver cómo los corruptos se retiran con los bolsillos llenos después de su paso por el gobierno, espera que por primera vez un Ministerio Público verdaderamente independiente y sin ataduras partidarias, sin genuflexión ante el presidente de turno, investigue, acuse y mande a quien resulte culpable al lugar donde espera verlo un país sediento de una verdadera justicia: a la cárcel.
