Los jaqueos de cuentas en redes sociales y el hurto de información con fines delictivos, en particular de WhatsApp, se han convertido en una práctica común hoy día. Es un hecho vox populi que esto se ejecuta desde las cárceles con propósitos de estafas financieras, como le pasase recientemente a mi propia madre, a quien, desde la cárcel de La Victoria, le jaquearon sus redes sociales sin que se pudiesen recuperar algunas de ellas; pero también ocurre en nuestros entornos personales, cuando en gestos de confianza permitimos que algún cercano tenga acceso a nuestros dispositivos electrónicos.

Este tipo penal se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, creada para “la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información y comunicación y su contenido, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra éstos o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso (o alteración) de dichas tecnologías “.

Esta misma normativa sanciona la sustracción, sin consentimiento, de información contenida en sistemas electrónicos. Textualmente su artículo 6 prevé que “ el hecho de acceder a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, o a sus componentes, utilizando o no una identidad ajena, o excediendo una autorización, se sancionará con las penas de tres meses a un año de prisión y multa desde una vez a doscientas veces el salario mínimo.”. En los casos en que este tipo penal converge con la extorsión, las penas podrían ser mucho más severas.

En República Dominicana aún no hay cultura litigiosa respecto a este tipo de delitos, pero, no obstante, y ante la ocurrencia reciente de esta desafortunada situación a más de un allegado, resalto que el Estado dominicano cuenta con las herramientas para perseguir y sancionar estas bajezas; no me refiero solamente a la existencia una ley que lo tipifique, sino también a la de instituciones altamente calificadas para determinar, con precisión casi quirúrgica, desde dónde y cómo se sustrajo o se distribuyó información sensible, como lo es el caso del Departamentos e Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), dependencia de la Policia Nacional, cuyo único propósito es la persecución de la cibercriminalidad.

A quien le sucediese, no tenga miedo. Ya no es difícil castigarlo.