Aun cuando todos los días se revela una mala práctica de la que muchos en el poder tenían conocimiento, y los mercenarios de la palabra no divulgaban; aun cuando de acuerdo al nuevo director de la Oficina de Compras y Contrataciones hay indicios penales en el infame gasto de los once mil millones invertidos alegremente en la compra del hormigón asfáltico; aun cuando se sigue descubriendo que la nómina de varias instituciones del estado estaba hipertrofiada por numerosos “asesores” que no asesoraban, pero que sí cobraban; por embajadores nombrados en otros países, y quienes, viviendo aquí, jugosos salarios devengaban; aun cuando en programas de investigación como el Nuria Piera se ha revelado la existencia de nóminas ocultas cuyo propósito era beneficiar a los “compañeros” del anterior partido en el poder; aun cuando se ha revelado, con la documentación necesaria, que había funcionarios de la pasada administración que tenían hijos en el exterior viviendo la dolce vitacon los extraordinarios salarios que cobraban estos últimos, y aun cuando estos mismos funcionarios teniendo el poder financiero para enviar a sus hijos a estudiar al exterior les gestionaban a los mismos una beca que pagaba el estado; aun con todo este rosario de malas prácticas ejecutadas por poderosos miembros del gobierno anterior, el Comité Político de la Corporación Morada se reunió para denunciar lo que lo que el presidente de PLD calificó como una “campaña de denuncias irresponsables contra algunos miembros del gobierno que presidió el compañero Danilo Medina”.
Quien se convirtió en el vocero de la denuncia hecha por el PLD fue Temístocles Montás, y si hay alguien que se ha beneficiado en grande de la política es el hoy presidente de ese partido. Cuando los vientos de la fortuna soplaban en su dirección favor; cuando se sentía invencible y creía que su organización se perpetuaría en el poder, Temístocles Montás no consideró como una irregularidad reñida con la ética el incorporar a casi toda su familia a la administración pública: a su hijo, Juan Carlos Montás Artero, en un tiempo Viceministro de Obras Públicas, con un salario de 240, 000; a su otro hijo, Alfonso Montás, como gerente general de AFP Banreservas, con un escandaloso salario de 750,000 pesos; y a otros miembros de su familia, incluyendo a su esposa, con jugosos salarios. En otros países con controles éticos mucho más fuertes que los que tenemos aquí, la inclusión de un solo miembro de la familia de un ministro a la administración pública puede generar un escándalo mayúsculo que hasta podría costarle el puesto a ese ministro; no para Temístocles Montas y otros políticos de su especie, para quienes este tipo de prácticas no son actos censurables, sino, muy por el contrario, derechos adquiridos por su militancia en el partido.
Decir que en toda la historia del país el PLD es el partido que más escándalos de corrupción ha generado es ya un lugar común y uno se pregunta, con sobrada razón para sentirse suspicaz, de dónde le sale a Temístocles Montás la valentía y el tono guapetón con el que ha exhortado, o más bien desafiado, al gobierno actual a que cese lo que él y otros miembros de su partido han calificado como una inmerecida campaña de descrédito a lo que ellos conciben como la más pulcra administración de los recursos públicos jamás ejecutada por un partido en el país. El concepto es risible e indica la desconección con la realidad política del país que llevó al PLD a la vergonzosa derrota que los sacó del poder.
Aun con todo el lastre de corrupción que viene arrastrando desde hace tiempo, y aun cuando estos escándalos merecen una detallada investigación, el PLD recurre a una queja típica en la política dominicana: la de la cacareada persecución política a la que recurren los acusados de actos dolosos una vez están fuera del poder.
Temístocles Montás y sus contertulios políticos pueden tener bajo la manga una carta que quizá explique el emplazamiento que ellos le han hecho al gobierno: o saben que no los van a procesar legalmente, en cuyo caso caeríamos en el tradicional “borrón y cuenta nueva” o si son sentados en el banquillo de los acusados, como probablemente ocurrirá, apuestan a que recibirán un trato especial por una Suprema Corte de Justicia en buena parte integrada por peledeistas confesos como su presidente Henry Molina.
En una sociedad que ha descubierto el poder que tiene la protesta pacífica y ordenada y que ha dado claros indicios de que no está dispuesta ya a tolerar la impunidad, la posibilidad de que no se encuentra un solo culpable en los innumerables casos de corrupción que han sacudido este país podría generar un descontento popular de consecuencias impredecibles.
