El Gobierno de la austeridad y la eficiencia en el gasto público, si, ese mismo, el que se jactó de promover en campaña una simplificación de la normativa tributaria y una reducción de las tasas, como política de fomento al aumento de las recaudaciones, nos ha sorprendido inténtenlo, vía presupuesto, crear nuevos impuestos que lesionan directamente el bolsillo de la clase trabajadora.
En primer lugar, deja mucho que desear sobre la sinceridad y la transparencia del Gobierno el hecho de que estos tributos “transitorios” se pretendan crear mediante el mismo proyecto de ley que ha de sustentar el presupuesto general de la nación; se supone que una cosa es el presupuesto del Estado y otra, muy distinta, una reforma fiscal. Es evidente que la fusión de ambas cosas en una misma ley pretendió evitar, a toda costa, que en los medios se hablase de una reforma fiscal, pero eso es exactamente lo que esto es.
En otro orden, algunos de los nuevos impuestos pretendidos poseen una dudosa constitucionalidad, al chocar de frente con otras disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico; por ejemplo, si el artículo 222 del Código de Trabajo prevé textualmente que “el salario de Navidad no es susceptible de gravamen”, esto debería ser suficiente para que, siquiera, grabar el sueldo 13 sea objeto de discusión. ¿No conocen el presidente de la República y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo esta disposición? Claro que la conocen, pero, tal y como hiciesen con la designación de Wellington Arnaud en INAPA, de forma soberbia y autoritaria, pusieron la voluntad del poder por encima de la ley.
No se puede ignorar que, fruto de la emergencia sanitaria que atravesamos, ha habido un descenso importante en las recaudación de impuestos y, en consecuencia, se ha presentado la necesidad de acudir al endeudamiento público para ser capaces de hacerle frente, pero esto no mplica razón suficiente para que se tomen medidas tan desesperadas, como imponer un exhorbitante 3 % a todos los consumos (sin importar en qué), que se hagan en divisas. Esta tontería conspira, no solo contra el consumo formal, a través de tarjetas de crédito, sino contra el ya inestable mercado cambiario porque promueve la migración del ahorro en divisas desde los bancos locales hacia bancos extranjeros, para consumir usando tarjetas internacionales y así evadir el impuesto; sin mencionar la incitación al consumidor de explorar formas de pago alternas y más complicadas de fiscalizar, como Paypal; nadie usará sus tarjetas para pagar sus comprar por internet y sus suscripciones digitales.
Lo que corresponde es aplicar una verdadera política de austeridad, priorizar las políticas públicas que demanden las circunstancias y, de ser necesario, ajustar el presupuesto a la realidad del momento, es decir, reducirlo.
¡No es momento para más impuestos!
