Eduardo Jorge Prats
A raíz de la Sentencia TC 256/14 del Tribunal Constitucional (TC) respecto a la constitucionalidad del Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), muchos estudiantes y participantes en las redes sociales afirman que sienten vergüenza por este fallo. Esto me acuerda un artículo reciente de Guillermo Sheridan donde cita un poema de Octavio Paz, en el que se refiere a la muerte de los estudiantes en Tlateltoco. En el mismo, Paz, ante la vergüenza de esta tragedia, incorpora a su poema un pensamiento de Marx: “La vergüenza es ira vuelta contra uno mismo: si una nación entera se avergüenza es león que se agazapa para saltar”.
La cita de Marx es extraída de una misiva a su camarada Arnold Ruge en 1843: “Por lo que leo en la prensa, Alemania está hundida en el lodo y se hundirá más aún”. Su vergüenza se origina en “la vacuidad de nuestro patriotismo y la anormalidad de nuestro sistema de Estado”. Para Marx, “la vergüenza ya es una especie de revolución; […] La vergüenza es una especie de cólera hacia adentro”. Marx cree que la “vergüenza aún no se siente en Alemania, al contrario, esos miserables aún se tienen por patriotas”. El Estado, considera, “es algo demasiado serio para convertirlo en una arlequinada. Un barco lleno de idiotas puede bogar un rato a merced del viento, pero llegará a su destino precisamente porque los idiotas no creen que pueda suceder. Y ese destino es la revolución que nos espera”. La revolución que quiere Marx es la de los “hombres libres, los republicanos” contra los filisteos; es decir, hacia “la dignidad personal del hombre”, hacia el “Estado democrático”.
En el caso dominicano, como afirma Sheridan respecto a México, “no toda la nación tiene vergüenza”. Hay quienes –quizás la gran mayoría, si lo medimos partiendo de como casi todo el establishment político ha apoyado la sentencia del TC- se sienten orgullosos de como la República Dominicana, teniendo una Constitución que proclama su apego al Derecho Internacional (artículo 26); habiéndose adherido libremente a la competencia de la Corte IDH mediante un instrumento que no constituye un tratado internacional que requiera ratificación congresual; habiendo ratificado en los hechos la competencia de ese tribunal a través de la representación legal en causas y la nominación de una juez que finalmente fue incorporada al colegio de ese tribunal; teniendo una Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales que le reconoce valor vinculante a las decisiones de la Corte IDH; habiendo la Suprema Corte de Justicia reconocido la competencia de esta Corte en decisión que el TC cita como si el tribunal supremo hubiese invalidado dicha competencia; a pesar de todo ello –reconocido en los valientes y bien fundamentados votos disidentes de Ana Isabel Bonilla, Hermógenes Acosta de los Santos y Katia Miguelina Jimenez,- declara inconstitucional la adhesión a la competencia de la Corte IDH.
Y no es que esta decisión del TC vaya a tener ningún impacto en el plano internacional. De acuerdo a la doctrina estoppel, el Estado no puede negar la verdad de ciertos hechos cuando ha adoptado una conducta jurídica contraria a dichas manifestaciones. La única manera para desvincularse de la competencia de la Corte, es la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) como un todo. Pero para ello, se requiere una reforma constitucional que efectivamente nos desvincule del sistema de protección interamericano de derechos humanos, pues la Constitución constitucionaliza la CADH en el artículo 74.3. Por lo tanto, la decisión de nuestros jueces constitucionales especializados no producirá ningún efecto sobre la competencia contenciosa de la Corte IDH. La Corte continuará conociendo los casos que se presenten contra República Dominicana. Así las cosas, si el Estado dominicano no cumple con las decisiones emitidas por la Corte IDH, ello acarrearía su responsabilidad internacional.
Pero lo peor de todo es que este flagrante desacato del TC y del Poder Ejecutivo a las decisiones de la Corte IDH tendrá consecuencias graves para el país, pudiendo acarrear sanciones que afectaran el comercio exterior, el turismo y la inversión. Es un grave retroceso que nos aislará de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Europa, y que nos someterá a constantes críticas en los foros internacionales. Por demás, es una decisión irrealista, pues no toma en cuenta los factores del poder, el peso del lobby haitiano y caribeño en Estados Unidos y el hecho de que la prohibición del racismo, la discriminación y la apatridia son la base del Derecho Internacional. Así estamos perdiendo la gran oportunidad de tomar en serio la cuestión haitiana; aplicar adecuadamente el régimen constitucional de nacionalidad; repatriar con debido proceso a los inmigrantes irregulares; sancionar a las empresas que contratan mano de obra ilegal; dominicanizar y desarrollar la frontera; y encausar criminalmente a las autoridades que se dedican al tráfico ilícito de haitianos. La ley de países débiles como la República Dominicana es la ley y hemos echado por el suelo el único instrumento con que los David enfrentan a los Goliat: el Derecho. Qué vergüenza!
