El Día Internacional contra la Corrupción nos encontró ayer en el mejor momento en décadas de requerimientos sociales y esfuerzos para poner límites a la depredación y la apropiación del patrimonio público que han generado infinidad de riquezas en detrimento de la sociedad, especialmente de los más pobres y excluidos que requieren mucha inversión para mejorar sus condiciones de vida.

El mérito no es sólo del gobierno que nos rige desde agosto, y de los fiscales que responden a la independencia que se les ha reiterado para sancionar todo abuso de los bienes comunes, sin miramientos políticos o sociales, sino especialmente de la ciudadanía que en los últimos años dio contundentes demostraciones de su hastío e indignación no sólo por la rampante corrupción y por la impunidad que la fomenta.

Durante casi dos décadas la celebración estuvo relegada a las organizaciones sociales, especialmente Participación Ciudadana (PC) que, desde la proclamación de la efeméride mundial, declaró como su prioridad la lucha contra la corrupción y la impunidad e instituyó un reconocimiento anual a las personalidades empeñadas en esa trascendente tarea.

Pero anoche se celebró con un acto en el Palacio Nacional en el cual el Gobierno del presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con la coherencia, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para devolver la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Fue el 31 de octubre de 2003 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su Resolución 58/4 decidió que “a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla, se proclame el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción».

A propósito de la conmemoración de ayer, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, proclamó que “La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública.

Es aún más perjudicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia por el COVID-19. La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debían estar destinados a personas que se encuentran en su momento de mayor necesidad.”. Así ocurrió en el país, cuando a nombre del combate a la pandemia se produjeron graves escándalos de corrupción.

El presidente Abinader ha sido coherente con sus planteamientos programáticos, designando personalidades independientes y de méritos acumulados como Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso al frente de la Procuraduría General de la República, y de Carlos Pimentel para asumir la Dirección General de Contrataciones Públicas, una de las fuentes fundamentales del tráfico de influencia y la corrupción.

Y además encargó la Dirección de Ética y Transparencia del Estado a dos símbolos de la honestidad y la lucha por el fortalecimiento institucional, como son la doctora Milagros Ortiz Bosch y el exsacerdote Mario Serrano.

El Ministerio Público se ha bautizado con un expediente de corrupción bastante sustanciado contra diez personas, a las cuales se les debe respetar la presunción de inocencia, pero sin el apañamiento de que se trata de circo o retaliación política, como se aduce siempre fomentando la depredación y la impunidad durante décadas, pese a cientos de denuncias fundamentadas, como ha documentado PC en dos investigaciones.

Estamos sólo en el comienzo, porque todos sabemos que hay escándalos mayores bajo investigación y la sociedad no estará satisfecha hasta que las sanciones no sean excepción, casi siempre con pequeños.

Es notable que los actuales gestores públicos están empeñados en cumplir la debida transparencia, pero nadie debe bajar la guardia porque hay una cultura política bastante generalizada de aprovechamiento político y personal de los bienes públicos, y es posible que algunos estén esperando que baje la marea para aprovechar “su oportunidad”.

Afortunadamente, el Presidente de la República parece el más consciente de que la barrida electoral de su partido fue consecuencia de la consciencia ciudadana sobre el inconmensurable costo económico, social e institucional de la corrupción que nos ahogaba.

Luis Abinader está empeñado en iniciar una nueva historia en la gestión gubernamental, con el aliento de la Marcha Verde, de las ocupaciones de las plazas públicas aquí y por la diáspora dominicana, y de la larga lucha de instituciones sociales, personalidades y comunicadores.¡Todos los días contra la corrupción!