Insisto en que los pactos son la revelación más elocuente de la pobreza institucional, la apatía frente al cumplimiento de las leyes y la falta de voluntad política, pero en realidad pueden ayudar a enderezar entuertos y alinear a los ciudadanos como entes de presión para provocar cambios.

Estoy consciente de que esta opinión puede ser contraria a todos los que han salido con amplía algarabía a celebrar la aprobación del pacto eléctrico.

Entre ellos hay amigos de mis mejores afectos que fueron ideólogos, líderes y conductores del proceso.

Sin embargo, aquí lo imperativo es cumplir la Ley General de Electricidad y las normas colaterales que rigen en el sector eléctrico. Si durante años hemos estado saltando por detrás de la ley no sé qué expectativas se pueden tener en sí de un pacto.

Pongamos las cosas en su lugar: la ley no es una opción; es de cumplimiento obligatorio e implica sanciones, pero el pacto no es solo referencial y moral, sino que es hijo de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que ha sido decorativa, una pieza legal que ha servido de muy poco.

Seis años de discusiones se requirieron para llegar al pacto, un período suficientemente amplio como para haber hecho una gran reforma en un sector donde todo está diagnosticado.

Es interesante el planteamiento de algunos sectores privados en el sentido de que la voluntad política y el enfoque en la correcta planificación del sector eléctrico son claves para que el pacto tenga alguna relevancia.

Fuera de ese camino, la suscripción del pacto eléctrico se quedaría como un simple momento, un episodio de cámaras, luces y algunas buenas intenciones expuestas en la prensa para vender titulares positivos, pero fugaces.

El desafío es realmente dar valor a ese pacto. Es un compromiso de todos los sectores involucrados. El seguimiento, la evaluación y la puesta en evidencia de las violaciones son elementos claves.

Solo nos resta ahora el pacto fiscal, mucho más complejo que el eléctrico y el educativo. Hay que esperar para ver cómo se armará el consenso con el propósito de distribuir la carga impositiva. No me lo imagino.