Santo Domingo, RD.- Las pretenciones del presidente Luis Abinader de resolver el problema del “peaje sombra” de las autopistas que comunican a Santo Domingo con Samaná no se va a poder por ahora.
Aún restan 17 años para que el Estado dominicano termine de pagar por uno de los proyectos más costosos en los que ha incurrido el Gobierno en toda su historia.
La ambiciosa obra prometía “grandes avances” para el pueblo dominicano a través del impulso de la zona turística del Nordeste, sin embargo, el precio para lograrlo ha sido mucho mayor del que se estimaba.
La concesión vial Autopistas del Nordeste y Bulevar Turístico del Atlántico, a manos de las empresas de capital colombiano Autopista del Nordeste S.A. y Boulevard Turístico S.A., le ha costado al país altas cifras millonarias por vehículos que ni siquiera transitan por los peajes.
El meollo del asunto radica en que el costo total para la construcción, operación y mantenimiento de ambas autopistas fue de aproximadamente US$305 millones lo que equivale a RD$17,674 millones, no obstante, el Gobierno dominicano ha pagado casi el doble de su verdadero valor y al país todavía le espera “peaje sombra” hasta el año 2038.
Pero en su discurso de rendición de cuentas, Abinader reveló que desde hace 13 años el país ha desembolsado la suma de RD$26,835 millones como parte de los ingresos mínimos que debe garantizarle a la concesionaria.
Para este 2021, la Ley 237-20 de Presupuesto General del Estado tiene asignada por concepto del “peaje sombra” la suma de RD$4,930.9 millones, pero Abinader afirmó que para el año en curso al país se le está exigiendo el pago de RD$7,000 millones por este concepto.
“De seguir esta modalidad, al concluir, habríamos pagado casi seis veces su verdadero valor. Esto es sencillamente inaceptable”, aseveró el presidente ante el Congreso Nacional.
El pasado 2 de febrero el Gobierno contrató al abogado Emmanuel Esquea Guerrero, con el fin de que analice el contrato de concesión y rinda un informe jurídico al presidente Abinader, para que este tome la decisión final.
¿Por qué “peaje sombra”?
El proyecto que pactó la construcción y administración de las autopistas es una concesión vial, herramienta por medio de la que el Estado otorga a una empresa privada mediante licitación un contrato para construir, explotar y conservar un tramo transitable por un período, y a cambio la administración pública se compromete a pagar con los peajes recaudados en la obra.
En el caso de la Autopista del Nordeste y el Boulevard Turístico del Atlántico, las empresas colombianas se comprometieron a financiar de forma directa el 80% del costo total de la obra asegurando su construcción, mantenimiento y operación, siempre y cuando el Gobierno dominicano les cediera el derecho a recaudar el 100% de los peajes en ambos trayectos por un período ininterrumpido de 30 años.
Pero aunque todo prometía estabilidad y un vasto desarrollo para el país, las “letras pequeñas” del contrato contienen una cláusula que obliga al Gobierno a pagar un “mínimo garantizado” a la concesionaria para “proteger la inversión”.
El llamado “peaje sombra” se origina en vista del déficit existente en el flujo de vehículos que circulan por carretera, por tanto al Gobierno le toca pagar miles de millones de pesos como la diferencia pautada para cumplir con el contrato.
En los montos devengados anualmente por concepto de este peaje “fantasma” no se incluyen los millones que recaudan estas empresas de forma directa en los distintos peajes de Marbella, Naranjal, Guaraguao y Catey, cuyos precios ascienden a RD$2,170 si se trata de un viaje ida y vuelta en un vehículo categoría I.
Así nació el “peaje sombra”
La signatura del contrato pasó por manos de los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con el expresidente Hipólito Mejía a la cabeza, y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dirigido por el expresidente Leonel Fernández en su segundo y tercer mandato.
La concesión vial entre la empresa Autopista del Nordeste, S.A. y el Estado Dominicano se originó el 8 de diciembre de 1999, cuando el consorcio colombiano ganó la adjudicación del contrato de ley por concurso público internacional para construir y operar la carretera Santo Domingo – Cruce Rincón de Molinillos.
El 22 de enero de 2001 la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (Seopc), representada por Miguel Vargas Maldonado, autorizó a las empresas accionistas colombianas Grupo Odinsa S.A, Grodco S.C.A y Consorcio Remix S.A para que también formaran parte del concesionario.
El 18 de julio del mismo año se firmó el contrato entre Vargas Maldonado y el representante de la concesionaria, Luis Fernando Jaramillo Correa, por un monto de US$125,516,542.
Se acordó que el plazo total del contrato sería de 33 años y tres meses, de los cuales los primeros tres meses correspondería al plazo de liquidación del contrato, tres años para la ejecución de la obra y los 30 años restantes se dedicarían para la operación y mantenimiento de la autopista a manos de la entidad privada.
El contrato dispone que “si el valor correspondiente a los ingresos por concepto de recaudo de peaje durante dos meses de operación plena es inferior al ingreso garantizado para este período, el Concedente (Gobierno dominicano) compensará la diferencia al Concesionario”.
Esta cláusula que abrió las puertas a la garantía del “peaje sombra”, con el objetivo de “mantener el equilibrio económico del proyecto”, también fue aprobada en las actas firmadas en agosto de 2005 y enero de 2006 por el exsecretario de Obras Públicas, Manuel de Jesús (Freddy) Pérez, durante el mandato de Leonel Fernández.
