SANTIAGO.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso este martes medidas de coerción contra los once agentes de la Policía Nacional acusados de la muerte de cinco hombres el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial del sector La Barranquita, y declaró el caso complejo debido a la gravedad de los hechos.
La jueza Yerixa Cabral de la Cruz dictó prisión preventiva contra el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación, quienes cumplirán la medida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
En tanto, los oficiales superiores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda, deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos, además de tener impedimento de salida del país y presentación periódica.
Asimismo, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de imponer una orden de protección a víctimas y testigos vinculados al proceso.
Cinco víctimas mortales
Los policías son procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.
Ministerio Público: “Estos hechos no pueden repetirse”
Al concluir la audiencia, que se extendió por más de seis horas, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, reiteró el compromiso del Ministerio Público con la búsqueda de justicia.
“Desde el principio nos comprometimos con la investigación. Ya hemos procesado estos hechos que produjeron cinco muertos, y es necesario que se haga justicia”, declaró Camacho, quien asistió junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña, titular de Santiago, Yeny Liranzo, y el procurador de corte Héctor García.
Camacho subrayó la gravedad del caso y llamó a la reflexión: “Es importante, a partir de estos hechos, que aprendamos como sociedad a prevenir que situaciones de esta naturaleza no se repitan”.
Ocultamiento de evidencias
Según el expediente, tras los hechos los agentes realizaron diversas acciones para ocultar pruebas y obstaculizar la investigación, incluyendo el robo de teléfonos celulares y de los DVR de cámaras de seguridad de los negocios del área.
También establece que los imputados llegaron al lugar en tres vehículos —dos carros (Mazda y Honda Civic) y un KIA K5 del año 2013—, desde los cuales descendieron y dispararon sin mediar palabras contra las víctimas, en presencia de un testigo que grabó parte del suceso y a quien luego le arrebataron su teléfono móvil.
Incluso, según el Ministerio Público, los acusados contactaron al propietario de un negocio cerrado para que les entregara el sistema DVR del local, con el fin de eliminar evidencias.
Calificación jurídica
El caso fue calificado de forma provisional como violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó desde el inicio una investigación profunda para determinar las circunstancias del hecho y proceder conforme a los resultados.
