SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader garantizó el pago por parte de SENASA a todas las prestadoras de servicios relacionados con la salud y exclamó que “nunca le faltará” la cobertura a los afiliados de esa administradora de riesgos de la salud.

Su reacción surgió ante los recientes señalamientos sobre la crisis financiera por la entidad estatal, y una semana después de negar que el mismo se encontrara en un déficit económico.

Además,  Senasa no es un negocio, es una misión que forma parte de las políticas públicas de salud; es una institución pública con un profundo compromiso social que es dedicada a proteger la salud y la vida de todos los dominicanos, su vocación y su objetivo no es el lucro, sino el bienestar de quienes confían en el y está garantizado el pago a todas las prestadoras de servicios relacionados con la salud, pero lo más importante es que nunca le faltará cobertura del Senasa, ni al contributivo ni al subsidiado, a los dominicanos y dominicanas mientras yo sea presidente”, exclamó el mandatario, añadiendo que  solamente necesita de un aporte extra debido a la gran cantidad de afiliados.

Señaló que la cobertura de Senasa se les ha brindado a todos los ciudadanos dominicanos “sin importar su bandería política”.

Cámara de Cuentas realiza dos auditorias

Parte de los señalamientos realizados por la oposición política durante los últimos días ha sido que la Cámara de Cuentas realice una auditoría a Senasa de forma en que se determine el verdadero estado de esa institución, llamado que fue acogida la entidad que anunció mediante un comunicado de prensa, que actualmente se encuentran en curso dos auditorías a Senasa.

La primera corresponde a los estados financieros del período 2017-2019, y se encuentra en la etapa de revisión de calidad, previa a su aprobación y posterior publicación oficial.

Mientras la segunda, que abarca los períodos 2023-2024, y se encuentra en fase de ejecución en las oficinas de la institución, la misma está pautada a culminar en el mes de septiembre de este año.

“Ambos procesos de control se realizan en estricto cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República y la Ley núm. 18-24, relativas a la fiscalización de la inversión y el gasto público”, reseña el comunicado.