Santo Domingo, RD.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), procederá a someter al coordinador del Gabinete de Política Social, Francisco Antonio Peña Guaba (Tony), por ser el único responsable del reparto ignominioso a un grupo de artistas, violando todos los procedimientos establecidos por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
A juicio del presidente de la entidad que lucha contra la corrupción, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, resulta inverosímil, que órgano que se apoderó de oficio luego del escandaloso acto, le recomiende al único responsable del irregular reparto, que busque a los responsables del mismo, existiendo todas las evidencias de que se trató de un acto, dirigido por el coordinador de la entidad, como se puede apreciar en la entrega de los cheques a los artistas, de manera directa y personal, hecho admitido por Tony Peña Guaba, cuando se dirigió a los medios de comunicación, para anunciar que los fondos entregados, serían considerados como donación a los beneficiarios.
“En el transcurso de la semana llevaremos hasta la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el expediente contentivo del acto irregular, donde demostraremos que tanto Tony Peña Guaba, como el asesor del presidente de la república en materia artística, Engelbert Landolfi, receptor de los cuestionados fondos, para artistas manejados por su empresa, al igual que el cantante y músico Fernando Antonio Cruz Cepeda (Bonny Cepeda), viceministro para la Descentralización y Coordinación Territorial del Ministerio de Cultura, quien recibió parte de los fondos, para la orquesta que dirige, mediante contratos de prestación de servicios como parte de los 54 artistas, beneficiados por el Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) para las festividades navideñas del pasado año, por un monto superior a los RD$ 55.6 millones”. Concluyó el vocero de ADOCCO.
En la Resolución No. RIC-74-2021, dada a conocer el pasado lunes Contrataciones Públicas, solicitó al titular del GCPS, Francisco Antonio Peña Guaba, identificar y sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar dicha contratación, tras asegurar que no se cumplió con el debido proceso administrativo y en violación a varios principios de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, indicándoles que “entre las sanciones que pudieran corresponder, conforme al debido proceso y de acuerdo a las disposiciones establecidas en el párrafo I del artículo 65 de la referida Ley, la DGCP cita la amonestación escrita; la suspensión sin goce de salario hasta por 6 meses; despido sin responsabilidad patronal o sometimiento a la justicia”, debiendo el órgano, proceder con la última recomendación, al sometimiento de los responsables, como hizo con casos anteriores.
“Los incumplimientos que han sido comprobados dan lugar a que proceda la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios involucrados en estos incumplimientos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones, que establece: “Todo funcionario público que participe en los procesos de compra o contratación será responsable por los daños que por negligencia o dolo causare al patrimonio público, y será pasible de las sanciones contempladas en la presente ley y su reglamento”.
