Una atemorizante ola de crímenes en serie, mediante libre producción, distribución y comercialización sin sanción de alcohol metílico tóxico, se extiende nueva vez en el seno de la sociedad dominicana, pues en el primer semestre del pasado año 2020 el ministerio de Salud Pública reportó que más de 330 personas murieron intoxicadas por la ingesta de alcohol metílico de patio, y en esta última semana ya han sido reportadas más de 40 muertes por la misma causa, y donde los únicos que siempre aparecen mostrados como responsables son unos viejos y sucios tanques y unos feos garrafones de materiales plásticos, pero nunca aparece ninguna persona que sea presentada ante la sociedad como responsable de esa temeridad.

Pero el mayor problema ante estos crímenes alevosos no es sólo que siempre vemos mostrar los feos y sucios tanques lodosos, sin mostrar los feos delitos que hay detrás de los dueños de esos tanques de contenidos venenosos, sino que, para atenuar responsabilidades criminales de los productores de esos alcoholes tóxicos, no se dice que se trata de “alcohol metílico tóxico” producido a partir de la destilación de maderas, sino que simplemente se habla de “alcohol adulterado”, como si se tratare de una simple adulteración comercial mediante la adición de agua para aumentar el volumen del alcohol y ganar más dinero, o como si se tratare de adicionar otro alcohol, apto para ingestión, pero de inferior calidad y menor precio, lo que ante una parte importante de la sociedad, y ante cualquier juez, luciría como un problema menor que no merece mayor atención ni mayor sanción, cuando en realidad quienes están produciendo esos alcoholes metílicos tóxicos están muy conscientes del alto grado de toxicidad que acompaña a cada trago de esas bebidas alcohólicas que se fabrican en patios sin contar con registro sanitario ni registro industrial.

Cada vez que se habla públicamente de “alcohol adulterado” se está practicando una imprecisión deliberada frente a las leyes de la sociedad dominicana, y luciría que el objetivo de utilizar esa terminología sería minimizar la magnitud de la grave acción criminal, sabiendo que si se habla públicamente de un “alcohol metílico tóxico” que desde el año 2020 ha matado a más de 400 personas, entonces habría obligatoriedad legal y obligatoriedad moral de salir a perseguir hasta encontrar y procesar a todos los responsables de esa acción criminal, y condenarles a 30 años de prisión, pero que si se define como “adulteración del alcohol”, bastaría con mostrar los tanques y garrafones, verter en el suelo esas tóxicas fermentaciones, y ya no habría que dar más explicaciones.

Los responsables de velar por la calidad e integridad de todo lo que se vende en la sociedad para ser ingerido por la comunidad saben bien que los rones tradicionales son producidos a partir de la fermentación del jugo de la caña de azúcar y la posterior destilación, con lo cual se obtiene alcohol etílico (C2H6O) que tomado en exceso emborracha y produce resaca, pero no mata, pero también saben que si en lugar de utilizar cañas se utilizan maderas para la fermentación, entonces el alcohol que se obtiene es metanol (CH4O), el cual, aunque tiene el mismo color, el mismo olor y el mismo sabor del alcohol etílico del ron, es un alcohol altamente tóxico que se utiliza como combustible, como disolvente y como anticoagulante en climas fríos, por lo que el alcohol metílico nunca debe ser ingerido como ron porque su ingesta produce intoxicación que hasta en el 50 % de casos puede ocasionar la muerte, y en el restante 50 % de casos puede producir acidosis metabólica, coma, daños neurológicos y ceguera permanente, ya que cuando el metanol entra al cuerpo humano se degrada en ácido metanoico, conocido como ácido fórmico (CH2O2), el cual es un ácido orgánico que ataca a todos los órganos encargados de eliminar las toxinas que entran al cuerpo, produciendo fallas de esos órganos, y por ello hablar de “alcohol adulterado” es ser muy indulgente con criminales responsables de su producción y venta para producir la muerte.

Algunas personas insensatas argumentan que los responsables de las muertes no son los productores, sino los propios consumidores de alcoholes baratos, argumento que sería válido siempre que ese alcohol metílico estuviese producido, envasado y etiquetado, bajo registro industrial, como producto combustible, como disolvente o como anticoagulante, con la clara advertencia de que su ingesta es tóxica, pero ese no es el caso, pues quienes lo producen lo venden como bebida alcohólica, tipo ron barato, para ser ingerido, y quienes lo compran para tomarlo son personas de escasos recursos económicos, y generalmente de escasos conocimientos, que caen en la trampa criminal de creer que están comprando un ron normal, de bajo precio, cuando en realidad están comprando la muerte, lo que obliga a las autoridades a perseguir esta acción criminal que ya ha generado más de 400 muertes que deben ser categorizadas como crímenes en serie, y que no deben quedar impunes, pues no se trata de simples casos de adulteración de alcohol, sino de crímenes por producción y comercialización de alcohol tóxico.