SANTO DOMINGO.- El nombre de la diputada Altagracia de los Santos ha resonado en las últimas horas tras sus declaraciones sobre las relaciones no consentidas entre parejas, mientras tenían lugar las discusiones sobre la aprobación del Código Penal.
De los Santos aseveró que debían “chequear” el artículo 135, haciendo alusión a que mujeres estarían en la facultad de querellarse contra sus parejas “porque no pudieron chapearlo y van a decir que ellos la violaron y le van a meter de 10 a 20 años a esa pareja”.
En sus declaraciones la diputada declaró que quienes contraen matrimonio lo hacen para tener relaciones sexuales y que “nadie se casa con una momia ni un robot”.
“Esa es su pareja, quien va a investigar eso, quien va a estar chequeando si la violó o no la violó, si usted se casó, ¿para qué? Usted se casó para tener relaciones sexuales, está bien si un día usted está mala o está malo, porque déjeme decirle que eso es para joder a los hombres”, dijo.
Señaló ante el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que el artículo debe ser revisado porque "van a haber muchos hombres presos, porque las mujeres van a amanecer 'enconjonadas' porque no lo chapiaron y van a decir que la violaron".
De los Santos es diputada de la circunscripción 3 de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) agota su primer período, tras ser electa en mayo de 2024 con 5,952 votos, siendo la diputada con menos votaciones de ese partido en esa demarcación.
Es licenciada en Psicología Clínica, con maestría en terapia familiar y autora de los libros “Recuperando el tiempo perdido” y “El precio del llamado”, según tiene publicado en redes sociales.
Es pastora y fundadora del Ministerio Iglesia Centro de Restauración Hermosa, así como fundadora del Orfanato Casa Amor y Restauración Hermosa, iniciativa que surgió tras el terremoto de Haití en el 2010.
En la Cámara de Diputados es miembro de las comisiones de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Energía, Familia, Reconocimientos y fue designada en la comisión especial para la autonomía de las gobernaciones provinciales.
