Santo Domingo.- El fallo “terrible” emitido por el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana podría dar lugar a la retirada del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si es compatible con el Gobierno, lo que privaría de los derechos humanos y de cualquier esperanza de la justicia a miles de inmigrantes.
Estas informaciones publicadas por Amnistía Internacional (AI) en su página web, señalan además, que ”con esta última sentencia, el Tribunal Constitucional ha confirmado su falta de independencia e imparcialidad, demostrando que sea políticamente sesgada por la defensa de los intereses estrechos,”, dijo Erika Guevara Rosas.
La directora de AI expresó que privar a la gente de la oportunidad de encontrar la justicia en el extranjero, cuando se le niega en casa, no sólo sería un robo, lo que significa también un paso preocupante hacia atrás en el fortalecimiento del estado de derecho en el país.
“En vez de tirar sus juguetes fuera del cochecito en la cara de quienes no están de acuerdo con las autoridades de la República Dominicana, debe el Tribunal Constitucional centrar su energía en garantizar los derechos de cada persona que vive en el país, apuntó Guevara Rosas.
Expresó que esto debe comenzar con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Recordó que el tribunal regional ordenó a la República Dominicana revocar una sentencia dictada en septiembre de 2013, por el Tribunal Constitucional del país, que con carácter retroactivo y arbitrariamente priva a miles de dominicanos de ascendencia haitiana de su nacionalidad dominicana, lo que les impide acceder a derechos básicos como el trabajo, el cuidado de la salud y la educación.
Sentencia del TC. El Tribunal Constitucional declaró esta semana como inconstitucional el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firmado el 19 de febrero de 1999 por el entonces presidente de la República Leonel Fernández.
El fallo contenido en la sentencia 0256-14, establece que la aceptación de competencia de la CIDH, para ser vinculante al país debió ser aprobada por el Congreso Nacional. (HOYdigital)