Sobre el tema de la reforma fiscal y constitucional que promueve el presidente Luis Abinader, han opinado todos los economistas del País, los que tienen mayor dominio de los asuntos financieros y por lo tanto los más versados en la materia. Por lo que al referirme a esas reformas, sólo pretendo hacer algunas precisiones como ciudadano interesado en el avance y desarrollo de la Nación.

No hay que estar graduado en Harvard, para entender que una reforma fiscal lo que persigue es incrementar los ingresos del Estado, para garantizar su sostenibilidad financiera. Al parecer la gran mayoría de sectores sociales, empresariales y políticos, con pocas excepciones, están de acuerdo con la imperiosa necesidad de realizar la reforma fiscal.

Casi todos coinciden en que los principios básicos que deben ser ponderados para una reforma fiscal en el País, deben ser los siguientes: que la reforma debe plantear un financiamiento adecuado del gasto público, que permita proporcionar servicios esenciales a la ciudadanía. Al mismo tiempo asegurando que la carga tributaria sea justa y equitativa, sin que afecte a los sectores de menos ingresos.

A la vez que los impuestos derivados de la reforma, no distorsionen el mercado, ni desincentiven la inversión y el consumo. Además, que la reforma sea sostenible en el tiempo y que se pueda adaptar a circunstancias presentadas en el futuro.

Hasta ahí todo está claro, incluyendo que esa reforma fiscal debe ir acompañada de una reforma del Estado, que disminuya los gastos corrientes, la burocracia pública, los subsidios sociales, racionalizar los programas a ciertas entidades, así como resolver lo de las pérdidas en las distribuidoras eléctricas.

Es correcto establecer que una reforma fiscal no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, sino que debe contar con la participación de los actores de los diferentes sectores, la alta academia y las organizaciones sustantivas. Lo que no es entendible es pretender negarle el derecho que le asiste al presidente de impulsar su reforma fiscal y constitucional. 

Pensar y actuar de esa manera es una mezquindad, ya que sin importar quien fuera el presidente, la coyuntura actual amerita una reforma, para que el País se pueda colocarse al nivel que ameritan las circunstancias. 

A Balaguer en el 1990, se le permitió y apoyó en su reforma estructural, quien realizó una reforma arancelaria, que desmontó las estructuras del modelo de sustitución de importaciones. Además, Balaguer logró crear los incentivos fiscales para exportación de zonas francas, a lo que le siguió la aprobación de la ley de inversión extranjera.

Esas reformas realizadas en 1990, fueron continuadas por Leonel y Hipólito Mejía, con la aprobación de la ley de Hidrocarburos, la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social y la aprobación del Código Monetario y Financiero, entre otras reformas importantes.

En el 2010 Leonel Fernández realizó una modificación constitucional, que nos dio una Constitución moderna, adaptada a los nuevos tiempos. Luego en el 2012, vino la reforma fiscal promovida por Danilo Medina, para cubrir el hoyo financiero dejado por las elecciones del mayo de ese año.

Con revisar un poco la historia, podemos observar que la actitud de querer torpedear la reforma fiscal y constitucional del presidente Abinader, es una mezquindad, que se origina en cuestiones de simple retórica política.

Así como todos los presidentes históricamente han tendido la oportunidad de realizar reformas para beneficio del País, me pregunto, porque negarle al presidente su derecho a realizarla. Una reforma que podría hacerla sin consenso, porque tiene la mayoría calificada en ambas cámaras para aprobarla.

Saludamos la iniciativa del presidente de obviar esa mayoría, llamando a todos los sectores a participar de las discusiones, para que las reformas que promueve sean el resultado del consenso, el diálogo y la unidad. 

 Finalmente, podemos decir que estamos ante una reforma fiscal, justa y necesaria.