SANTO DOMINGO.- El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, aplazó para el martes a las 2:00 p.m. la audiencia de conocimiento de la medida de coerción seguida en contra de los imputados en el caso Camaleón.
La decisión fue tomada debido a que varios de los abogados quienes plantearon que necesitaban el expediente del caso de manera física, porque solo la tenían en memorias y algunas no servían. Asimismo, necesitan preparar su medio de defensa y gestionar sus presupuestos.
La misma fue programada para el próximo martes, a la 2:00 p. m.
En el expediente figuran, José “Jochi” Gómez-Canaán, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix; Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant); Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.
Peligro de fuga
Según el Ministerio Público, Hugo Beras, Frank Rafael Diaz, Juan Francisco Álvarez y Samuel Gregorio Baquero, conformaron una asociación de malhechores con Jochi Gómez, Pedro Vinicio Padovani, Carlos José Peguero y la empresa Transcore Latam, para estafar al Estado dominicano amañando el proceso de licitación que le fue adjudicado a estos últimos por RD$ 1,317,350,997.00.
Además de la adjudicación, le fue otorgada, a través de Transcore Latam S.R.L., el control del sistema semafórico y de video vigilancia del Gran Santo Domingo, “quienes procedieron a vincular dichos sistemas en un centro de monitoreo y control de la empresa de nombre AURIX S.A.S., que se dedica a la investigación e inteligencia privada”, propiedad de Gómez.
La PEPCA solicita prisión preventiva de 18 meses a cada uno como medida de coerción “sustentando la necesidad de atarlos” ya que por sus influencias políticas, empresariales, además de las facilidades de salida del país y residencia en el extranjero, “pudieran poner en peligro la integridad del proceso judicial, constituyendo además un peligro para las pruebas del mismo”.
De igual modo, “los conocimientos técnicos y accesos a los sistemas informáticos y de seguridad nacional de algunos de estos, constituyen un peligro adicional para la recopilación de las pruebas”.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicita 18 meses de prisión preventiva a todos los imputados en el caso Camaleón.
Los imputados en este expediente son: Hugo Beras, ex director ejecutivo del INTRANT; el empresario José Ángel Gómez (Jochi), Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero. También las empresas Transcore Lata, S.R.L.; Aurix SAS e INSOPROL SRL.
