Santo domingo.- El Senado de la República aprobó este martes, en primera lectura y por unanimidad, el proyecto de modificación al Código de Trabajo, que preserva la figura de la cesantía y todos los derechos adquiridos por los trabajadores.
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo en 2024, y perimió en la legislatura pasada. Fue reintroducida y revisada exhaustivamente por una Comisión Especial del Senado, que concluyó sus labores el pasado lunes, tras recibir aportes de sectores sindicales, empresariales, académicos y sociales. El informe final fue leído en el hemiciclo y recibió el respaldo unánime de los senadores presentes.
El presidente de la comisión, senador Rafael Barón Duluc (Cholitín), destacó que el nuevo texto legal representa una versión “muy mejorada” respecto a la propuesta anterior, que había perimido por falta de aprobación en ambas cámaras.
“Este es un código ganar-ganar”, afirmó.
Aseguró que los derechos fundamentales de los trabajadores se mantienen garantizados, incluyendo el plazo de diez días para el pago de la cesantía y el período de prueba de tres meses.
“No se ha tocado ningún derecho adquirido. Lo que hay son mejoras técnicas y procesales que fortalecen el debido proceso”, explicó.
El proyecto incorpora una serie de reformas que buscan modernizar la administración laboral, simplificar trámites y fortalecer la seguridad jurídica. Una de las modificaciones más relevantes es la ampliación del plazo para notificar la desvinculación laboral, que pasa de 48 horas a cinco días.
Esta medida, según el senador, permitirá a empleadores y trabajadores cumplir con los procedimientos formales en casos de terminación de contrato, evitar conflictos innecesarios y fortalecer la conciliación laboral. “Es una mejora sustantiva que beneficia a ambas partes”, señaló.
Multas se reducen a la mitad
Otro cambio importante es la reducción significativa de las multas laborales, que ahora se disminuyen a la mitad de lo previsto en la versión anterior del proyecto. Además, se introduce un criterio de proporcionalidad que ajusta el monto de las sanciones según el tamaño de la empresa.
Este enfoque busca aliviar la carga sobre las micro y pequeñas unidades productivas, sin debilitar el régimen sancionador.
“Es una medida justa, que reconoce las diferencias estructurales entre empresas grandes y pequeñas”, comentó Barón Duluc.
En el ámbito tecnológico, el nuevo Código reconoce la validez legal de las planillas electrónicas y las notificaciones digitales, otorgándoles jerarquía normativa. Esto permitirá agilizar los trámites laborales y reducir la burocracia en los procesos administrativos.
También se fortalece el derecho de defensa en los litigios laborales, incorporando precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Se garantiza el acceso a la lista de testigos, la proyección de documentos y otros elementos esenciales para asegurar el debido proceso.
En el plano institucional, el proyecto corrige una duplicidad de funciones que afectaba la fiscalización laboral. Se eliminan competencias superpuestas entre los inspectores del Ministerio de Trabajo y los de la Seguridad Social, lo que clarifica los roles y evita conflictos de atribuciones.
Además, se revisaron las sanciones aplicables a entidades financieras, eliminando aquellas que resultaban innecesarias por estar ya reguladas en el Código Civil. Esta depuración normativa responde a criterios técnicos y constitucionales, evitando duplicidades legales.
El régimen de Zonas Francas también fue ajustado para corregir errores de redacción y reflejar con precisión las disposiciones aplicables. Estas correcciones fueron validadas por los actores del sector, y fortalecen la coherencia del proyecto.
Segunda lectura será el próximo martes
Luego de su aprobación en primera lectura, el proyecto de modificación al Código de Trabajo será conocido en segunda lectura el próximo martes 12 de octubre, durante la sesión ordinaria del Senado. Una vez ratificado, pasa a la Cámara de Diputados, donde será debatida y votada para completar el proceso legislativo requerido antes de convertirse en ley.
El proyecto fue sometido por los senadores Manuel Rodríguez, Cristóbal Venerado Castillo, Julito Fulcar, María Mercedes Ortiz, Johnson Encarnación Díaz y Secundino Velázquez.
