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SANTO DOMINGO.- Una juez federal de Estados Unidos ordenó la confirmación de un laudo arbitral que obliga al Gobierno de República Dominicana a pagar cerca de US$44 millones al empresario multimillonario jamaicano-canadiense Michael Lee-Chin, en una batalla legal de casi una década, derivada por la terminación de un contrato para operar un vertedero.

En un memorando emitido el martes 31 de marzo, la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly adoptó en su totalidad la recomendación de un magistrado, desestimando los intentos del gobierno dominicano de anular la decisión del tribunal internacional y otorgándole la razón al inversionista.

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La información la trae el periódico Bloomberg Línea, en su versión digital, donde señala que la disputa se remonta a 2007, cuando un municipio de República Dominicana firmó un contrato con la empresa local Lajun Corp. SRL para gestionar el vertedero Duquesa.

En 2013, Lee-Chin, presidente y CEO de Portland Holdings Inc, que opera como una firma de gestión de inversiones, adquirió indirectamente el 90% de Lajun, así como de la porción del terreno donde se encuentra el relleno sanitario, a través de dos de sus empresas.

Sin embargo, la relación se deterioró rápidamente. En 2017, alegando incumplimientos administrativos y daños ambientales, el gobierno dominicano rescindió el contrato de Lajun, inició procesos administrativos para anular el acuerdo y tomó el control total de las instalaciones en Santo Domingo Norte.

Lee-Chin consideró la medida una expropiación ilegal y en 2018 presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), instancia del Banco Mundial, amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y la Comunidad del Caribe (Caricom). Su reclamo inicial superaba los US$300 millones.

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En octubre de 2023, el tribunal arbitral falló a favor del empresario. Los árbitros concluyeron que la terminación del contrato constituía una expropiación y una violación al trato justo y equitativo.

Como compensación por su participación accionaria, ordenaron al Estado dominicano pagar US$38,7 millones por la expropiación y US$4,8 millones por el trato inequitativo, más intereses y costas, sumando poco más de US$43,6 millones.

Otro intento en los tribunales

Insatisfecho con el resultado, el gobierno dominicano llevó el caso a un tribunal federal de Washington D.C. en diciembre de 2023, argumentando que no existía un acuerdo válido para arbitrar y solicitando la anulación del laudobajo la Ley Federal de Arbitraje (FAA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la jueza Kollar-Kotelly rechazó estos argumentos. En su resolución, el tribunal destacó que existe una “política federal enfática a favor de la resolución arbitral de disputas”, especialmente en el comercio internacional.

El fallo señala que el lenguaje del tratado de Caricom delegaba claramente la decisión sobre la jurisdicción a los árbitros, un hecho que el propio gobierno dominicano aceptó implícitamente al solicitar dividir las audiencias del caso.

Además, la corte determinó que República Dominicana no logró demostrar que el tribunal arbitral hubiera actuado fuera de sus facultades al hacer sus cálculos financieros ni que existiera fraude en el proceso.

Con la resolución, la puerta para apelaciones en instancias inferiores parece cerrarse, dejando al Estado dominicano con la obligación de ejecutar el pago.

Desde el bando del inversionista, Richard C. Lorenzo, uno de los abogados de Lee-Chin en el bufete Hogan Lovells, señaló a Our Today que su cliente “está muy complacido con la decisión” y confía en que el gobierno dominicano “cumpla con prontitud con el laudo final y la orden del tribunal de distrito”.

La República Dominicana está representada por Kevin Arthur Meehan y Marwa Farag de Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP.

El caso es República Dominicana contra Michael Anthony Lee-Chin, 1:23-cv-03821, en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia.