SANTO DOMINGO.- Un general y un regidor por el Distrito Nacional se encuentran entre los dominicanos contra quienes la corte del Distrito Sur de Florida ha emitido una orden de captura y podrían ser solicitados en extradición en los próximos días por el Gobierno de Estados Unidos.
Se trata del actual regidor Edickson Herrera Silvestre, quien ocupa aún una curul en el concejo municipal del Distrito Nacional, en representación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y del general retirado William Durán Jerez, según publica el Listin Diario.
Según el alegato de las autoridades estadounidenses, Herrera Silvestre es acusado de conspirar para enviar y distribuir en el país norteamericano una mezcla de sustancias que contiene “una cantidad detectable de cocaína”.
En cuanto a Durán Jerez, identificado en la acusación como “el general”, es el mismo oficial de la Policía Nacional que fue colocado en retiro en 2009 por el expresidente Leonel Fernández.
Junto a ambos también se encuentra José Eduviges Aponte Torres, apodado "Buby," o "Meano", quien es buscado en territorio estadounidense por su participación en las mismas acusaciones establecidas por el jurado de Florida.
Acusación por cocaína
Según el documento de acusación, el regidor perremeísta, el general Durán Jerez y el apodado “Buby” intentaban comercializar drogas en Estados Unidos.
Supuestamente, la sustancia controlada involucrada en la conspiración, “es cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína”.
Sobre Durán Jerez
El general Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.
En el mismo decreto presidencial 161-09 que fue separado Jerez por “antigüedad en el servicio”, con disfrute de su pensión, también retiró al general Hilario de la Cruz González y González, quien, según reseñan las publicaciones de los periódicos, era el encargado de Baní cuando en ese municipio registró la matanza en Paya.
Posibles consecuencias
En caso de ser solicitado en extradición o capturados en territorio estadounidense, habiendo sido encontrados culpables por el tribunal de Florida, los tres imputados podrían recibir condenas de cadena perpetua, prisión durante diez años. Además, una multa de hasta USD$10, 000,000.
Hasta el momento, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha sido apoderada formalmente para la solicitud de extradición.
Inmeditamente esta solicitud llega al Ministerio de Relaciones Exteriores, es remitida al despacho de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, quien lo envía al departamento de extradición, quien solicita a la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia una orden de arresto.
Luego se fija fecha para el conocimiento de solicitud de medida de coerción, donde el juez puede imponer prisión preventiva, presentación periódica o arresto domiciliario, y se fija fecha para el conocimiento de la solicitud de extradición.
En la audiencia, desarrollada en la Segunda Sala Penal de la SCJ, el Gobierno norteamericano es normalmente representado por la abogada Analdis Alcántara, y participa un procurador del departamento de extradición y el abogado del reclamado en extradición.
