Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas publicó la noche del jueves un informe donde detallan irregularidades detectadas en contratos del Ministerio de Obras Públicas (Mopc) con la empresa General Supply, que les servía asfalto caliente, durante la gestión de Gonzalo Castillo.
El Estado Dominicano, según la Cámara de Cuentas, dejó de percibir los impuestos y recargos que se deben presentar ascendentes a RD $171,999,103. También una diferencia en AC-30 importado versus el facturado por la cantidad de 2,884,623 galones, equivalente a RD $359,712,488.
"Diferencia en AC-30 facturado versus importado, por la cantidad de 29,265 galones, equivalente a RD $4,787,024, excedentes de cantidades sin evidencia de ajustes de precio, por la suma de RD $3,767,329, pagos en exceso al monto contratado, sin justificación, por un monto de RD $484,117,400, pagos realizados sin evidencia de certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) ascendentes a RD $422,992,993″, señala un breve comunicado de la Cámara de Cuentas.
Además se señala que por concepto del contrato de línea de crédito suscrita entre el Ministerio de Obras Públicas y el Banco de Reservas, que establece la retribución del 10% en calidad de gasto por los servicios de diseño, administración e implementación del programa, se pagaron sin evidencia de soporte documental RD$3,500,000,000.
Entre las irregularidades que la Cámara de Cuentas encontró destacan las contrataciones sin evidencias del proceso de selección, monto contratado, adquisición del cemento asfaltico sin pruebas de apropiación presupuestaria, ausencia de certificados de calidad y ensayos del AC-30 o materiales altamente viscosos, adquisición de derivados del petróleo a una empresa sin evidencias de licencia.
“Verificamos que el MOPC, durante los años 2016 a 2020, contrató a la empresa General Supply Corporation, S.R.L., RNC n.° 131-12060-1, para el suministro de cemento asfáltico tipo AC-30, sin que se evidencie el proceso de contratación correspondiente”, fue una de las irregulares que establece el informe de la cámara de Cuentas de la Republica Dominicana.
Asimismo, se hace mención de la existencia de contratos suscritos por el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero y por Simón Lizardo Mezquita, quien fungía como administrador general del Banco de Reservas, en los cuales se acordó otorgar financiamiento de “obras prioritarias” a favor de contratistas y suplidores del Mopc, sin evidencia de registro en la Contraloría General de la República (CGR).
Además se encontraron evidencias en la remisión de pagos a través del Ministerio de Hacienda, por un monto equivalente a RD$728,020,670., que el MOPC no disponía de planificación presupuestaria para la adquisición de cemento asfáltico tipo AC-30 y avalados por el articulo tres, “Disponibilidad de apropiación presupuestaria”, se dispuso presentar pruebas antes la irregularidad.
Por estas razones, el pleno de la Cámara de Cuentas remitió la auditoría a los exministros y al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, a la Contraloría General de la República, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), a la Dirección General de Contrataciones Públicas, a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y a la Procuraduría General de la República, atención Procuraduría Especializada Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)”.
Caso Antipulpo
La empresa General Supply Corporation SRL está mencionada en los expedientes de la Operación Antipulpo, destapada por fiscales del Ministerio Público hace poco más de un año y con la que fue apresado el hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina.
De acuerdo a la Pepca, esta empresa constituida el 17 de febrero de 2014 y supuestamente propiedad de Alexis Medina, obtuvo poco más de 1,248 millones de pesos en contratos con la extinta Oisoe, el Fonper, Hacienda, la Dirección General de Migración y el Ministerio de Obras Públicas.
Quien aparecía entonces como titular de la empresa era el coimputado en el caso, Julián Esteban Suriel Suazo.
