Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) separará de sus filas a los cinco miembros de la institución involucrados en un incidente en una barbería de Villa Vásquez, Montecristi, tras la comisión investigadora comprobar que violaron los protocolos y reglamentos durante la operación.

En una nota informativa, la DNCD dijo que la decisión de separar a un mayor, un capitán, un sargento y un cabo de la Policía Nacional y a un alistado de la Fuerza Aéreafue tomada por la comisión interna que investigo el hecho.

Presuntamente los agentes colocaron droga en el establecimiento comercial para luego acusar a los barberos y sus clientes.

Los miembros acusados son el mayor Víctor Encarnación, capitán Juan de Dios Heredia, sargento Martirez Cuello, cabo Juan Arias Peguero, los cuatro de la Policía Nacional, y el cabo de la Fuerza Aérea Adán Rodriguez Pichardo.

La comisión recomendó a sus instituciones suspenderlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público.

La Comisión está conformada por el Consultor Jurídico de la DNCD, general (R) Miguel A. Matos; el Inspector General, Coronel Freddy R. Soto Thormann, el director de Asuntos Internos, coronel Ramón Abreu y el director de Operaciones contra el Tráfico Interno, coronel Julio E. Pérez Félix.

Procuraduría: Exfiscal no pudo salir por alerta Migración

Esta tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la exfiscal Carmen Lisset Núñez, investigada por presuntamente poner drogas en la barbería, intentó salir del país, pero que no pudo hacerlo porque supuestamente se activó una alerta migratoria que le colocaron.

En una breve nota de prensa, la instituciónexplicó que procedió a colocar dicha alerta como medida preventiva en el proceso de investigación que lleva a cabo para esclarecer los referidos hechos.

Según la PGR, el proceso de validación entre la información oficial de que la fiscal había salido del país fue de casi seis horas.

Explicóque acostumbran a colocar la alerta migratoria de manera preventiva cuando se está en la fase inicial de la investigación para que las autoridades de Migración informen al Ministerio Público si la persona investigada tiene intención de salir del país.