Es una pena que las circunstancias por las que atraviesa el país y gran parte del mundo no sean propicias para la gran celebración que merece el cambio de gobierno que tendrá lugar el próximo domingo, cuando se instalará un nuevo Congreso Nacional y los ciudadanos Luis Abinader y Raquel Peña sean juramentados como presidente y vicepresidenta de la nación.

Hay muchas razones para celebrar, porque se trata de una gran renovación, no sólo del Poder Ejecutivo, con un gran equipo ministerial ya anunciado, sino también del Legislativo, en este último como hace muchos años no se producía, por ejemplo en el Senado donde apenas repiten 3 de sus 32 miembros, y es relevante que más de la mitad de los diputados serán debutantes y la mayoría jóvenes menores de 35 años, algo sin precedente. Positivo también que la primera mayoría ya ha nominada a la legisladora más joven, Olfanny Méndez de 26 años, como candidata a vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Hay que lamentar que el avance no haya incluido a las mujeres, que por el contrario tienen una ligera reducción en la Cámara de diputados, con apenas un 27 por ciento, y en el Senado una más pero sólo 12.5 por ciento de la matrícula. En ambos casos lejos de la cuota mínima de candidaturas que es 40 por ciento, lo que obliga a minuciosa revisión.

Muchas expectativas se han tejido tras las victorias electorales de marzo y julio, especialmente por haberse producido superando un inmenso abuso del poder estatal, de la manipulación de los programas sociales y un gasto desmedido de dinero público. Debe ser aleccionador que casi todos los senadores perdieran con todo y sus barrilitos, algunos casi con dos décadas enquistados en el Congreso, reeligiéndose a base de privilegios.

La obligada austeridad y moderación en la celebración del cambio es propicia para una profunda reflexión sobre el devenir de la nación, y para fundamentar las expectativas a la luz de la crisis de salubridad, con derivaciones económicas y sociales que aún no pueden documentarse en su magnitud, ya que todavía no se vislumbra el horizonte en la contención del coronavirus.

Con una realidad tan compleja y desfavorable, los cambios estructurales se hacen más difíciles porque la mayor parte de las energías gubernamentales se consumirán en reparar techos, puertas y ventanas del edificio social, por lo menos en el primer año. Eso obligará a la indulgencia con las nuevas autoridades. Pero estas tendrán que revalidarse sostenidamente atendiendo a las demandas y compromisos que no requieren muchos recursos y que, por el contrario, implicarán economía.

Tal es el caso de la supresión o fundición de órganos inoperantes o redundantes, la reducción de una buena cantidad de botellas y botellones, la proscripción de la malversación, de todo género de corrupción, y de la impunidad. Hay casos relevantes pendientes de acción judicial, e imprescindibles auditorías que podrían terminar en expedientes del Ministerio Público. No se trata de montar un circo ni de saltarse los procedimientos, por lo que deberán prevalecer la documentación y la objetividad, dejando atrás la aparatosidad de los allanamientos para producir detenciones.

La agudización del desempleo y la pobreza deberían propiciar la aplicación de los límites establecidos en la ley de salarios del Estado, para eliminar enormes distorsiones, como esa de que muchos funcionarios ganan dos y tres veces lo que reciben el presidente de la República y sus ministros.

El presidente electo ha presentado unas credenciales muy bien recibidas por la opinión pública, incluyendo su compromiso de un Ministerio Público independiente, sendero por donde debe transitar toda la justicia, incluyendo organismos como la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo de inmediata renovación, o el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas para el año próximo.

El economista y empresario Luis Abinader ha prometido la revolución del imperio de la ley y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. También un nuevo modelo de desarrollo económico-social, con disposiciones para reducir la desigualdad, pero sobre todo una regeneración moral y ética de la sociedad, y ahí estarán las más fundadas expectativas.