
Patti B. Saris, presidenta de dicha Comisión, expresóque el Congreso tiene hasta el próximo 1 de noviembre para rechazar o ratificar dicha enmienda, la cual reduce los costos del proceso, el número de presos y responde a los cambios en los estatutos", además busca enfrentarse a los problemas relativos a la seguridad pública.
Si se decide aprobarla, los juzgados comenzarían a recibir las peticiones de reducción de condena por parte de los presos, según ha informado la institución judicial en un comunicado y desde enero de 2015.
Cuando la enmienda, que tendrá carácter retroactivo, entre en vigor muchos de los condenados podrían beneficiarse de la reducción de sentencia y ningún de los condenados podrá ser liberado antes del 1 de noviembre de 2015.
En total, 46,290 condenados podrían salir en libertad al ver reducida su condena, esto significaría que aproximadamente un 2% de los presos optarían a una reducción de 25 meses en la totalidad de la pena (lo que equivale a un 18,8% de la pena). De media, seguirían cumpliendo 108 meses de condena. La reducción podría ahorrar más de 79 mil plazas carcelarias al año.