Santo Domingo.- ¿Porqué un coronel destituido por vínculos con el narcotráfico sigue activo 9 años después en la Policía Nacional?, es una pregunta que la sociedad dominicana espera respuestas por parte de las autoridades.
El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez ordenó la suspensión y sustitución del coronel César Maríñez Lora, quien comandaba la dotación policial de Villa Altagracia.
A pesar que se dio a conocer hoy que el coronel Martínez Lora, quien comandaba el operativo de Villa Altagracia donde la pareja de pastores evangélicos Elizabeth Muñoz y Joel Diaz, perdieron la vida a manos de una patrulla en ese municipio, fue destituido de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el 2012.
Vásquez Martínez ordenó la cancelación inmediata y el debido sometimiento a la justicia del segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norkys Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, así como de los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solís, involucrados en la muerte a tiros de los esposos Elizabeth Muñoz y Joel Díaz. Así como la suspensión y sustitución del coronel César Maríñez Lora, de conformidad con los procedimientos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Marínez Lora fue expulsado del organismo antidrogas por esconder la droga que incautaba para luego negociarla, sin hacer los reportes de lugar.
De acuerdo con reseñas periodísticas de los medios en el año 2012 el oficial Martínez Lora se desempeñaba como inspector de la Dirección Nacional de Control de Drogas en Higüey.
Junto a Lora fueron expulsados el coronel Manuel Isaac José Polanco, el primer teniente Máximo Ramírez Eustaquio y el segundo teniente Elvin Fulgencio Calderón, quienes fueron sorprendidos brindándoles protección a una banda de supuestos narcotraficantes.
Los destituidos, estaban asignados en San Pedro de Macorís y La Romana, según explicó la DNCD durante una rueda de prensa en aquel momennto, fueron sorprendidos con sus armas y uniformes en la costa próxima a San Rafael de Yuma, junto a los miembros de la banda que recibirían un cargamento de cocaína.
La cancelación de los oficiales del cuerpo del orden fue recomendada al Poder Ejecutivo vía la Jefatura de la Policía en el 2012.
