Eduardo Jorge Prats
Semanas atrás, en este mismo diario, Juan Bolívar Díaz afirmaba que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) era “muy conservador”. Aunque el señalamiento se refería exclusivamente a que el PRM había sido muy conservador “al calcular lo que se podría ahorrar en el presupuesto nacional del 2016”, posición refutada brillantemente por una de las cabezas mejor montadas de la ciencia económica dominicana –Iván Rodríguez-, al sostener la crítica de los economistas del Partido Revolucionario Dominicano a dicha posición, y la cual puede sintetizarse en la contradicción de proponer reducciones presupuestales en sectores claves como Poder Judicial y Procuraduría General de la República, mientras al mismo tiempo se proponen altísimos incrementos salariales para los miembros de una Policía Nacional cuestionada y no reformada, lo cierto es que la aseveración de Díaz nos mueve a reflexionar sobre lo que consideramos que es el verdadero conservadurismo del PRM y de la mayoría de la oposición al gobierno del presidente Danilo Medina.
El conservadurismo de la oposición dominicana tiene su origen en la prevalencia en nuestro país de una cultura autoritaria que ha hecho que, durante mucho tiempo, República Dominicana más que un Estado de Derecho haya sido un “Estado de Derecha”. Esa cultura autoritaria ha penetrado amplios segmentos de nuestra izquierda, la que, en su momento -usando “recargado” el término acuñado por Juan Isidro Jiménez Grullón-, hemos denominado “nuestra falsa izquierda”. Esta inclinación autoritaria es visible en el firme apoyo de la oposición al discurso penal hegemónico, que es el del populismo penal, con todo lo que ello implica: erosión de las garantías fundamentales de los justiciables y legitimación del discurso de la mano dura y de la pena de muerte aplicada extrajudicialmente a presuntos delincuentes muertos en supuestos “intercambios de disparos”. Si alguien duda lo que afirmamos que se lea los enjundiosos y muy leídos ensayos de Guillermo Moreno sobre el Código Procesal Penal, en especial su posición respecto a la validez de extender jurisprudencialmente los procesos y la prisión preventiva, más allá del plazo legal taxativamente establecido por el legislador, es decir, en clara violación a la ley, posición doctrinal –sostenida también, no por casualidad, por uno de los juristas estrella de la Fuerza Nacional Progresista, Gregory Castellanos Ruano- que es la que ha permitido a muchos jueces penales derribar una de las conquistas liberales más preciadas en la ciencia jurídico-procesal-penal, como lo es la limitación del proceso y la prisión preventiva a un plazo razonable clara y específicamente establecido por el legislador y no al plazo que medalaganaria y arbitrariamente señale el juzgador. Lo que pasa es que, por un lado, hay un populismo penal de derecha que busca la condena sin garantías de presuntos inocentes cuyo principal crimen es el “porte ilegal de cara”, acusados en realidad de ser “pobres, negros y feos”, y, por otro, un populismo penal de izquierda que busca esta misma condena para los delincuentes de cuello blanco, presuntamente culpables por ser políticamente minoritarios o manifiestamente desagradables en la escala de la corrección política. Ambos populismos, sin embargo, son eminentemente conservadores y autoritarios.
Pero la oposición dominicana es claramente conservadora no solo porque asume por acción u omisión el discurso del populismo penal. Es que también coquetea con el resto del populismo al asumir determinadas reivindicaciones sociales sin enfrentar directamente a las clases propietarias y burguesas; al adoptar acríticamente el discurso ultranacionalista y su rechazo casi demencial a la inmigración, a lo haitiano y a las “grandes potencias”, en especial a Estados Unidos; y al oponerse o no respaldar abiertamente las justas e impostergables demandas de determinados colectivos, como es de la comunidad LGBT. Este conservadurismo viene de la alianza non sancta de una izquierda y una derecha que comparten el gen nacionalista y autoritario, y que, además, resultan ser ambas representativas de un “machismo leninismo” más que ostensible en su indiferencia u oposición a los derechos de la mujer, incluyendo el derecho al aborto, y en su descarada homofobia. Sobra decir que casi toda la oposición es maniquea pues todos los problemas de la cosa pública los plantea en términos de una bipolaridad de personas buenas y personas malas, lo que es evidencia de un personalismo rayano en el mesianismo y que, por demás, y en la medida que subestima el rol de las instituciones, es netamente conservador.
En contraste con esta oposición conservadora, el presidente Danilo Medina aparece colocado claramente a su izquierda o por lo menos en el centro del espectro político. Solo hay que leer las observaciones presidenciales al Código Penal y su valiente defensa a los derechos de la mujer y ver el vergonzoso silencio de la oposición frente a este tema, para darse cuenta quién es conservador o no. Incluso, en un tema tan espinoso como el de la nacionalidad de los hijos de inmigrantes de estatus migratorio irregular, el presidente Medina se colocó en una posición mucho más progresista que la oposición, al proponer al Congreso Nacional, en medio del furor patriotero, una ley que, como la 169-14, viene a enfrentar la situación creada por la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional y a poner a la República Dominicana en mejores condiciones para defenderse honrosamente frente a la comunidad internacional. Y, lo que es más importante, sus avanzadas políticas sociales, en especial la revolución educativa que lleva a cabo el Gobierno, con la asignación del 4% del PIB para la educación, la tanda extendida, el cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer educación pre-escolar universal, la alimentación que beneficia a millones de estudiantes y la construcción de las estancias infantiles, ubican al presidente Medina en una posición claramente socialdemócrata, progresista y liberal, que contrasta con el vergonzoso conservadurismo de la oposición.
