A finales de aquellos ardorosos años sesenta cuando inicié la carrera periodística y todavía en los setenta, al hablar por teléfono con mis amigos de la izquierda (Rafael Chaljub Mejía Carlos Pimentel, Rafael Carvajal, Fafa Taveras entre otros), asumí llamarles licenciado, sin identificarlos por sus nombres, lo que ellos reciprocaban conscientes de que los espías del Gobierno podían estar interceptando nuestros teléfonos.
Sabíamos que la discreción no nos libraba de que fuéramos identificados, pero que por lo menos tuvieran el trabajo de hacerlo, hablábamos de “licenciado a licenciado”. Traje la titulación de México, donde los profesionales no eran doctores como aquí, sino licenciados. Y al que no le llamaban licenciado era un don nadie. Tanto que trabajando en el Centro Nacional de Comunicación Social dejé caer a los oídos de una secretaria que yo no era licenciado, pero sí ingeniero. Pocos días después un superior me preguntó por qué yo no había reportado mi profesión, y tuve que aclarar que lo de ingeniero era por haber nacido en un ingenio azucarero.
Todavía ahora, con Chaljub y Fafa nos saludamos con la exclamación de ¡licenciado! Nos quedó también la habilidad de iniciar las conversaciones con banalidades y claves improvisadas para distraer la atención de los interventores telefónicos. Me río de aquellos que dicen por teléfono hasta lo obvio y peor los que anuncian su ruta. Hace par de años en México un colega que ha escrito seis libros sobre el narcotráfico y debería cuidarse me llamó por teléfono para anunciar el tiempo en que pasaría a buscarme y ratificar la dirección de la casa donde me hospedaba. Cuando abordé su auto media hora más tarde le manifesté extrañeza de su falta de discreción telefónica en un país donde matan un periodista cada mes. Pensé que hasta corría peligro andando con él.
El anecdotario viene a cuento por la impúdica revelación del Ministro de Interior y Policía, de que ellos saben lo que los activistas de la Marcha Verde hablan por teléfono. Carlos Amarante Baret intentó rectificar cuando Huchi Lora le recordó los derechos constitucionales, pero como aquí “to e to y na e na”, se borra el pecado si una introducción de extremidad inferior es retirada ipso facto, como recitaba el exvicepresidente Carlos Goico Morales, quien exhortaba a los jóvenes reporteros a no pasar como “caprino satisfecho de frutas tropicales” (chivito harto de jobos).
El espionaje telefónico es una de las expresiones más crónicas de la anomia social dominicana. Infundió terror en los años de las dictaduras y ha proseguido campante en el período de intento democrático. Con agentes oficiales y extraoficiales, y empresas privadas de espionaje, como si fueran de seguridad o relaciones públicas. Cuando los presidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía ganaron las elecciones, una de sus primeras visitas fue a Frank Cabral, pionero civil del oficio de interceptor, que en una de las primeras emisiones de Jornada Extra hace justo 25 años se auto definió como un “experto en comunicaciones”.
El abuso descarado de la intervención telefónica, violatorio del artículo 44 de la Constitución de la República que proclama el “Derecho a la intimidad y el honor personal”, llegó al extremo en la campaña electoral del 2012, cuando el entonces Procurador General de la República Radhamés Jiménez participó en una rueda de prensa de carácter político, en la que se reprodujo una conversación telefónica del jefe de seguridad del principal candidato opositor a la presidencia Hipólito Mejía.
En cuanto a mí, hace mucho que he sabido de intervenciones a mis teléfonos, pero me burlo de ellos, y comienzo a hablar enviando saludos a los amigos, Frank, Pepe, o Sigfrido. Evado que se enteren de asuntos personales, y en cuanto a los políticos, no tengo nada que ocultar, porque he sido un periodista tan libre, y tan afecto a la ética, que todo lo que hablo por teléfono puedo sostenerlo en la televisión o en este periódico. Y lo saben todos mis amigos, especialmente los licenciados.
