Es un hecho conocido por todos que la mayoría de las estafas telefónicas de que han sido víctimas miles de dominicanos tiene su epicentro en las cárceles, ya sea del llamado nuevo modelo o del sistema antiguo, cuya diferencia sólo existe en el interés de algunos de casarse con una gloria existente.

La facilidad con la que estos delincuentes operan se debe, en primer lugar, a la irresponsabilidad de las autoridades encargadas de evitar dichas acciones, pero además, por la evidente complicidad de personal de esos recintos.

Son actitudes de manifiesta irresponsabilidad permitir el uso masivo de teléfonos celulares en poder de prisioneros—o privados de libertad que es el eufemismo de moda—los cuales son utilizados no para mantener una comunicación útil con el exterior sino para organizar actos delictivos.

En reiteradas ocasiones hemos escuchado que la Procuraduría General de la República pondrá en operación dispositivos para el bloqueo de señales celulares, de modo que se impida la comunicación a través de esos aparatos.

Es lo que se estila en todas las sociedades organizadas, en cuyos sistemas carcelarios está establecido el derecho de los reclusos a comunicarse periódicamente con familiares, abogados o allegados, pero mediante llamadas a través de teléfonos fijos monitoreadas por las autoridades, de modo que éstas tengan real control de sus movimientos.

Hace unos días estuve cerca de ser víctima de una estafa mediante ese esquema, cuando a un apreciado colega que reside en Nueva York le fueron hackeadas sus cuentas de Facebook y Whatsapp, a través de las cuales se montó una trama dirigida a timar a sus contactos.

Los delincuentes se pusieron en contacto conmigo, lógicamente que suplantando la identidad del colega, para que le pagara a una embarcadora irreal unas cajas y tanques con mercancías supuestamente enviados desde Nueva York.

Son tan osados que hasta me remitieron dos cuentas bancarias para fines de depósito del importe correspondiente al supuesto envío. Estuve a punto de realizar la transferencia, hasta que en los textos enviados resultaban faltas ortográficas elementales que no serían cometidas por mi amigo.

Fue ahí cuando opté por llamarle a su teléfono residencial para darme cuenta de que estuve cerca de caer en las redes de los estos delincuentes.

Luego de esto escribí en mis cuentas de redes sociales la denuncia con atención a la Procuraduría General, a la Policía Nacional y a las dos instituciones bancarias a las que pertenecían las cuentas remitidas.

Para el Ministerio Público y la Policía esa denuncia no existió, y sólo uno de los dos bancos se puso en contacto conmigo para indagar sobre algo que ellos saben, pues la cuenta tiene un dueño, cuyo nombre, de todos modos, suministré.