NUEVA YORK.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció que demandará a la gobernadora Kathy Hochul y a la fiscal estatal Letitia James por no seguir las ordenanzas federales de inmigración.
Pam Bondi, fiscal general de esta nación, dijo esperar que el alcalde Eric Adams coopere con el DOJ.
La demanda es por la ley de «Luz Verde» que impide al Departamento de Vehículos y Motores (DMV-NY) compartir la información de los indocumentados que recibieron licencias de conducción en el estado, entre los que se encuentran cientos de dominicanos.
El DOJ también planean incluir en la demanda a Mark Schroeder, comisionado estatal del DMV-NY.
“Es una luz verde para los ilegales que cometen infracciones y no se puede chequear su identidad”, dijo la fiscal Bondi.
El presidente Trump ha desafiado algunas leyes de Ciudad Santuario que protegen a los indocumentados en esta nación.
La ley actual permite a los agentes federales de inmigración acceder a los archivos de los conductores con una orden judicial y es algo que “tiene sentido y todos los neoyorquinos estamos de acuerdo”, añadió la gobernadora Hochul.
“No permitiré que los agentes federales o Elon Musk y su operativo DOGE accedan a los récords de conductores vulnerables como un joven de 16 años que está aprendiendo a conducir”.
La fiscal general del estado de NY, Letitia James, sostuvo: “nuestras leyes estatales, incluyendo «Luz Verde», protegen los derechos de los neoyorquinos y mantienen nuestros vecindarios seguros y estoy preparada a defenderlas como siempre lo he hecho”.
El exgobernador Andrew Cuomo firmó el proyecto de ley en 2019 durante el primer mandato de Trump. Abrió la puerta a miles de personas con y sin estatus legal para obtener identificación y privilegios de conducir en NY al permitirles usar ciertos documentos extranjeros.
En ese momento, los partidarios de la ley -que fue aprobada por la legislatura estatal liderada por los demócratas- argumentaron que mejoraría la seguridad en las carreteras al permitir a inmigrantes indocumentados la capacidad de conducir legalmente, lo que les permitiría obtener un seguro y evitar la amenaza de deportación si son detenidos.
Las licencias de conducir obtenidas bajo la ley están selladas que no permite utilizarlas para fines federales.
