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23 febrero 2019 Víctor Bautista Opiniones

La plataforma Financial Media Intelligence –con la que la firma Mediáticos Consultores en Comunicación mide, clasifica y califica la presencia de los entes financieros, tributarios y fiscales en los medios- nos dio este fin de semana una alerta sobre Aduanas.

Revisando los resultados de marcas suscritas hallamos por casualidad una cantidad inusual de puntos rojos sobre la agencia recaudadora.

Entre el 1 y el 10 de febrero, de una muestra de 41 menciones a la DGA en medios impresos, digitales, radio y televisión, 66% resultaron desfavorables y apenas 2% favorables, para un 64% neto de negatividad. Las menciones neutrales fueron 32%.

Para tener un idea más acabada de este resultado, seleccionamos algunas etiquetas o palabras claves relacionadas con Aduanas en el período. “Arancel celulares”, con una muestra de 20 menciones, nos proyectaba que 90% resultaban desfavorables y el resto, 10%, neutrales. En ningún contexto noticioso, informativo o de opinión hubo posiciones favorables sobre esa etiqueta.

Nuestro análisis se basa en los contenidos de 15 medios importantes y 13 autores mediáticos con altos  niveles de audiencia.

La conclusión es que si bien Aduanas está en la legalidad al aplicar el arancel de 20% a la importación de teléfonos móviles, la medida encuentra un amplio rechazo y se percibe como un aumento hecho de buenas a primeras. Esto denota que la decisión no fue bien comunicada.

El 3% de arancel, que se ha estado aplicando desde 2005, fue una decisión administrativa del emblemático director  Miguel Cocco y revela dos cosas: un funcionario avispado, visionario, adelantado a su tiempo y con una correcta lectura de la realidad socioeconómica y un Congreso retrógrado e irreflexivo, que a lo mejor ni leyó lo que estaba aprobando al conocer la ley que fijaba en 20% el arancel al citado producto.

En lugar de estrujar a Aduanas, las protestas deberían estacionarse frente a las cámaras legislativas, por la barbaridad de aprobar un arancel anticompetitivo que sería un obstáculo para la hoy pujante economía móvil. Cocco lo pudo ver y por eso subsanó el asunto con una resolución que 14 años después ya tiene fuerza de ley.

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