Una pistola Glock cuesta en Estados Unidos menos de 600 dólares, aquí cuesta más de 15 mil dólares (veinte veces más), si es legal… Pero si es ilegal cuesta nueva menos de tres mil dólares, y si es usada (muy probablemente robada) se puede conseguir en menos de quinientos dólares.

Esto coloca en una seria desventaja a quienes requieren un arma para proteger a su familia o su negocio, y da ventajas a quienes la compran para ejercer la criminalidad.

Los criminales no tienen derecho a delinquir, pero la población si tiene derecho a protegerse. Sin embargo, los criminales tienen más facilidad de conseguir sus ‘herramientas’ para delinquir, que la población honesta los medios para protegerse de ellos.

Las armas usadas en atracos no son legales. Ningún delincuente compra un arma a su nombre para hacer sus fechorías.
Si la población tuviera mayor acceso a armarse y recibir la debida instrucción, los delincuentes no andarían tan a sus anchas y recibirían una respuesta proporcional a su acción.

Antes de desarmar a la población honesta, hay que desarmar a los delincuentes. Un arma en República Dominicana no es un lujo sino una necesidad vinculada a los derechos de la vida y la seguridad. Tener acceso a armarse es básicamente un derecho fundamental.

El Estado dominicano, por razones estructurales, está en dificultad para enfrentar con efectividad la delincuencia común. Lograr esas capacidades toma años.

Una gran contribución haría el Estado si analiza la opción de reabrir la importación legal de armas y favorecer la disminución de sus precios y el costo de los permisos. Así al menos se le daría la oportunidad a la población de defenderse a sí misma.