Santo Domingo.- La diputada Priscila D’ Oleo, quien denunció el martes 3 del presente mes en el Congreso Nacional, que el ministro el Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, cobra dos salarios públicos, nunca se retractó públicamente de la acusación.
Esto a propósito de que García Fermín indicó mediante una carta enviada al presidente de la República, Luis Abinader, que D’ Oleo, se vio “obligada a retractarse” de dicha denuncia tras recibir explicaciones de la directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch.
“Desde hace unos meses se ha montado una campaña contra el suscrito, que en muchas ocasiones raya con la ofensa. Cada embestida la hemos respondido puntualmente y con el trabajo. La más reciente, la de una joven Diputada, que cuestionaba el hecho de que soy beneficiario de una pensión en la UASD, debido a mis aportes durante más de 30 años, lo cual quedó aclarado por la intervención de la Dra. Milagros Ortiz Bosch, Directora de Ética e Integridad Gubernamental, lo que obligó a la Diputada a retractarse el pasado sábado, los medios continúan con el tema, a pesar de la señora Ortiz Bosch aclarar la situación”, indicó el ministro en la misiva.
A pesar de que la representante de la provincia María Trinidad Sánchez por el del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), escuchó las explicaciones de la directora DIGEIG justificando el cobro de los salarios, D’ Oleo dijo que “simplemente replicó la denuncia que ya había hecho otro diputado del PLD”.
En una conversación con Ndigital, la diputada afirmó que sí había recibido respuesta de Ortiz Bosch, a la solicitud que hizo de manera directa sobre los acuerdos de confidencialidad y que con relación a eso estaba satisfecha aunque establece que el MESCYT no ha hecho las modificaciones correspondientes.
“Yo aclaro que si es cierto que ella respondió a una solicitud que yo había hecho… pero yo no me retracté en cuanto a lo investigado, porque lo investigado me daba a mi prácticamente la razón, diciendo que estos acuerdos de confidencialidad eran violatorios a la ley de Libre Acceso a la Información”, señaló D’ Oleo.
