Los consejeros de buena fe -pero con expectativa de empleo-, los limpiasacos profesionales y oportunistas, los alabarderos sin rubor, los tránsfugas y “sanky panky” politiqueros, los ex adversarios de reducida dignidad, que cambiaron de parecer con el primer boletín de la Junta, los difamadores que ahora son un dechado de esperanza y los todólogos que se sobreestiman a sí mismos para cualquier función pública.

El cambio de gobierno es la coyuntura que más desnuda la pobreza institucional de este país. Es penoso el desfile de valiosos profesionales, currículum en manos, disparando Whatsapps, correos, sudando en visitas urgentes, buscando vallas con conocidos, desesperados como si fuesen a perecer en caso de no hallar un puesto en el gobierno.

Dentro de la administración pública se produce otra escena: servidores del Estado -muchos de ellos idóneos, capacitados, de experiencia adquirida para manejar con denuedo las responsabilidades institucionales- que se mueren de la angustia y de la incertidumbre.

Sus noches se vuelven turbulentas, de sueños idos, literalmente en medio de esas pesadillas que causa el probable desplazamiento, la desconsideración, el reemplazo, a veces indigno cuando los beneficiarios son ineptos, politiquitos de poca monta que exigen la compensación por la victoria lograda, aunque tienen poco para dar al Estado.

Son los políticos quienes han sembrado esta otra miseria, en paralelo con la pobreza ya conocida de gente que apenas halla el pan diario para mantenerse en pie.

Al parecer se han puesto de acuerdo los políticos para que el Estado siga siendo el gran empleador, el lugar de los sueldos voluminosos, las apetecibles prerrogativas, sin supervisión ni exigencias, sin rendición de cuentas ni régimen de consecuencias.

Estos dramas de cada cuatro años desaparecerán cuando el empleo se concentre en el sector privado y el Estado se achique, tornándose más eficiente y competitivo. Llegará a su fin cuando tengamos sentido de la continuidad del Estado, instalando una sólida carrera administrativa y respetando a los técnicos.

Es poco más que una vergüenza que un cambio de gobierno sea equivalente en algunos casos al desmantelamiento de instituciones por miedo al denominado “costo político”, la expresión del clientelismo y el rentismo. Qué pena. Así el desarrollo institucional será siempre un vaivén en la República Dominicana.