La contribución a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular, es el más importante de los fines que les atribuye la Constitución de la República a los partidos políticos.
Para lograr la ansiada meta de convertir a sus candidatos en representantes del pueblo, es imprescindible que los partidos políticos cuenten con una sólida maquinaria electoral.

En ese sentido, la conquista de los cargos de elección popular implica un esfuerzo titánico de los miembros de los partidos políticos, los cuales tienen como una de sus principales motivaciones la de servirle a su país desde el gobierno encabezado por su partido.

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Sin embargo, la candidatura que motiva la mayor participación de militantes y afiliados en la campaña electoral es la correspondiente al cargo de presidente de la República, debido, principalmente, al interés de formar parte del gobierno. Los simpatizantes, por su lado, tienden a votar motivados por su identificación con las propuestas programáticas del partido o por ser atraídos por el candidato.

No se puede negar que con la conquista de la libertad y la consolidación de la democracia, como ocurrió a partir del 1978 en la República Dominicana, los ideales dejan de ser la esencia de la lucha política y solo quedan el apego y el sentido de pertenencia al partido, el cual ha sido definido por Giovanni Sartori, de una manera abreviada, como “cualquier grupo político que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos en cargos públicos”.

Como se puede apreciar, la razón de ser del partido político es alcanzar el poder mediante la conquista de los cargos públicos, a través del voto, mientras que la de sus miembros es servirle a su país como parte del poder.

Por lo tanto, cuando un partido logra obtener el poder es natural que sus miembros exijan ser incorporados a la administración pública. Con más razón los del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ahora de gobierno, cuyos afiliados, de conformidad con el literal b del artículo 8 de sus Estatutos, tienen derecho a lo siguiente: “Asumir posiciones en la administración pública en las gestiones de gobierno presididas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) u otra organización política en la que el Partido haya participado como aliado en las elecciones que generaron dicho gobierno”.

A pesar de lo anterior, muchos dirigentes medios y la mayoría de los cuadros intermedio y de base del PRM no han sido designados en el gobierno.
Designar en la administración pública un número limitado de tecnócratas, sin vínculo con el partido gobernante, no es nuevo.

Lo que si ha llamado la atención es la lentitud con la que han venido siendo nombrados los cuadros del PRM, después de haber permanecido durante dieciséis años en la oposición.

Los cambios de gobierno, como es natural, conllevan la sustitución, salvo las correspondientes excepciones, de los funcionarios de la administración saliente por los de la entrante, que son los que tienen el compromiso y la voluntad de contribuir con el éxito del gobierno de su partido.

ej.olivares@hotmail.com