El sello distintivo del cambio y fuente de respetabilidad en amplios segmentos de la sociedad apuntan a la cabeza de la Procuraduría General República (PGR) y sus principales colaboradores. Anhelo postergado por años, fundamentalmente obstruido por una cultura política siempre seducida por la idea de controlar el funcionamiento del aparato institucional del Ministerio Público. Ahora bien, en el terreno de los hechos, la lucha no del todo invisible, señala los riesgos de doblarle el pulso al esfuerzo de independencia bajo el alegato de que el poder se erosiona en la medida que fortalece la capacidad de auscultar e investigar los excesos administrativos de los funcionarios.
La política pautada por criterios de conveniencia tiende a establecer trampas, básicamente en los que apuestan al sentido de lo coyuntural. Y en ese sentido, el carácter electoralista insiste en cálculos inspirados en aritméticas y alcanzar triunfos, que incurren en el error de no interpretar las transformaciones experimentadas y la capacidad de observación de los ciudadanos. Apelar a métodos incorrectos en la dirección de abrir las compuertas de imponer la política sobre procesos de combate a la corrupción, terminan liquidando a los que presumen que sus habilidades superan el instinto e intuición de la sociedad.
El activismo politiquero no descansa. Y sus destrezas para sobrevivir están ancladas en allanar todos los caminos que puedan conducir hacia senderos donde la complicidad y contubernio de élites partidarias derroten los anhelos de justicia. Casi siempre, los riesgos y sus consecuencias resultan catastróficos porque la simulación de impulsar procesos de transparencia se valida en los hechos y nunca en discursos.
No es un secreto que la postura independiente de los magistrados Germán Brito, Jenny Berenice y Camacho, resulta incómoda en instancias políticas. Ahora bien, el discurso de adecentamiento de la vida nacional está asociado al desempeño de los que encabezan la PGR, y los clásicos operadores y exponentes del parque jurásico del pragmatismo saben perfectamente que, con ellos, las vías de los pactos no tienen punto de retorno, pero su capacidad creativa tocará todas las puertas posibles en interés de convencer a los actores esenciales de la rentabilidad de una solución electoral.
El dilema de cualquier intento en el orden de construir salidas políticas ante procesos de combate a la corrupción reside en que, la misma observación ciudadana capaz de llenar plazas públicas impulsando el cambio, serán espacios de irritación e insatisfacción. De paso, las estadísticas podrían desmontar la justa argumentación garantista: el 30% de presos preventivos permanecen en prisión con plazos vencidos.
