SANTO DOMINGO.- La empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) pagó al menos RD$ 108 millones a funcionarios de varias entidades estatales entre los años 2012 y el inicio de 2025, según la acusación del Ministerio Público contra un grupo de militares y civiles señalados de conformar una supuesta red criminal dedicada a estafar al Estado dominicano.
Según los fiscales, el pago lo habrían realizado el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y Edeeste, a través de exigencias de sobornos y manipulación de contratos, a fin de favorecer a contratistas que ofrecen servicios de seguridad privada.
¿Quiénes presuntamente recibieron dinero?
Según la solicitud de medida de coerción depositada por las autoridades, Senase, propiedad el imputado Quilvio Bienvenido Rodríguez González, como parte de este entramado, pagaba a funcionarios entre un 5 % y un 10 % del valor total de la facturación mensual, con el objetivo de garantizar la continuidad de los contratos.
Este formato se replicaba, en diferentes montos de dinero, en las entidades públicas anteriormente mencionadas.
Sin embargo, el individuo que obtuvo los mayores beneficios de esta supuesta red de corrupción fue Bolívar Nicolás Fernández Espinal, otro de los implicados en el caso.
Según el mencionado document, Fernández Espinal recibió más de más de RD$ 35.3 millones durante el período 2020-2025, en calidad de sobornos.
“Los sobornos entregados a este tenían como propósito asegurar la gestión oportuna del pago de facturas por concepto de servicios de seguridad, así como garantizar la omisión sostenida y reiterada de sus deberes de supervisión y vigilancia sobre la adecuada ejecución de los servicios contratados por Edenorte Dominicana, S.A., a la empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada”, lee parte de la solicitud de medida de coerción.
Otro de los “agraciados” en Edenorte fue Andrés Pacheco Varela. Entre los años 2017 y 2020 fueron depositados casi RD$ 5.2 millones en una de sus cuentas bancarias, transferidas por Senase.
SOBORNOS EN EL INAIPI
Los fiscales aseguraron que en septiembre de 2022 Rodríguez González se enteró de que el Inaipi pretendía contratar servicios de seguridad privada, a través de la licitación INAIPI-CCC-LNP-2022-0017, por lo que contactó al también acusado Wellington Peralta Santos, quien laboraba en aquél entonces como empleado del departamento de seguridad de la entidad.
El objetivo de este contacto inicial, según los fiscales, fue para Quilvio Bienvenido Rodríguez González poder asegurarse cuáles eran las condiciones específicas que necesitaba la entidad estatal y las particularidades del servicio.
Una vez establecida la línea de comunicación entre ambos, Peralta Santos habría solicitado un soborno para facilitar que Senase pudiera tener un “trato privilegiando” durante el proceso de licitación.
Inicialmente Rodríguez González le ofreció a Peralta Santos la RD$ 100 mil, propuesta que fue rechazada. Luego acordaron por la suma de RD$ 200 mil.
En una segunda reunión se involucró otro empleado del departamento de seguridad del Inaipi: Francisco Guarín Fernández Vázquez, quien solicitó un 10% del contrato de Senase con el Inaipi pero. Rodríguez González Gonzalez se negó.
Posteriormente acordaron un porcentaje sería de entre el 7% y 8% de cada factura que el Inaipi le saldara a Senase, bajo la amenaza de que si no se cumplía su “requerimiento” no podrían ejecutar el contrato.
Los funcionarios del Inaipi imputados en el caso recibieron a más de RD$ 12.8 millones.
SOBORNOS EN EDEESTE
Tras ser designado como director de Seguridad Física de Edeeste en octubre de 2020, el implicado Luis Ernesto Vicioso Bocio contacta a Quilvio Bienvenido Rodríguez González para platicar sobre la ejecución del contrato que tenía su empresa con la referida entidad.
En esa reunión Vicioso Bocio habría asegurado que tenía control sobre las áreas administrativas y financieras responsables de autorizar y tramitar pagos contractuales. Ahí supuestamente le solicitó a Rodríguez González un monto fijo de dinero a cambio de garantizar la “agilización” de los pagos que la empresa debía recibir por el servicio prestado.
Tras semanas de insistencia, Rodríguez González accedió a entregar los sobornos mensuales, los cuales se ejecutaron desde enero hasta junio del año 2021, para un monto de RD$ 1,655,000.00.
Igualmente, en 2015 Quezada Ortiz exigió el pago de un soborno ascendente a RD$ 100 mil por cada factura pagada a Senase, como condición para permitir la continuidad de los pagos contractuales y evitar “supervisiones rigurosas” sobre la ejecución del contrato.
Quezada Ortiz, en su calidad de supervisor de la correcta ejecución de los contratos entre Edeeste y Senase, continuó recibiendo estos pagos desde una fecha anterior a 2017 hasta su salida de esta distribuidora de energía en 2020.
Durante el mismo período Daniel Martínez, quien ocupaba la posición de director de Seguridad Física de Edeeste, también solicitó al imputado Rodríguez González el pago de un soborno adicional de RD$ 150 mil bajo el mismo esquema de corrupción, petición que fue aceptada.
LOS SOBORNOS DE EDESUR
Los registros financieros compilados hasta el momento por los fiscales indicaron que el monto total de los sobornos entregados por Senase a funcionarios relacionados a Edesur ascienden a más de RD$ 15 millones.
Entre las personas identificadas que recibieron pagos están Viterbo Arias, con RD$ 7,144,691.80; Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar (RD$ 2,598,216.04); Carlos Ambrosio Robles Díaz (RD$ 533,195.97); Cristóbal Cruz Díaz (RD$ 180,053.13); y Pablo Alexis Martínez Garcés (RD$ 100,000.00)
EN SENASA
En 2016, cuando el imputado Elías Caamaño Pérez fue designado como encargado del Departamento de Seguridad Física de (SENASA), éste se comunicó con Rodríguez González para “presentarse formalmente, exponer su plan de trabajo y establecer las expectativas institucionales respecto a la prestación del servicio de Senase”.
Según el expediente, desde ese año hasta 2019 Rodríguez González entregó a Caamaño Pérez alrededor de RD$ 3.03 millones.
Los sobornos se realizaban mediante dos modalidades: transferencias bancarias directas y pagos en efectivo.
Cuando los pagos eran en efectivo, Rodríguez González retiraba el dinero tras cambiar cheques emitidos por SENASE. Esta combinación de métodos, según el Ministerio Público, fue diseñada con el objetivo de dificultar la trazabilidad de los fondos ilícitos y evadir los controles financieros.
“La modalidad combinada de pagos electrónicos y dinero en efectivo evidencia una estrategia orientada a dificultar la trazabilidad de los fondos ilícitos y a eludir los mecanismos de control financiero”, afirma el expediente.
El grupo enfrenta cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, según lo tipificado en los artículos 177, 178, 179 párrafo y 180 del Código Penal Dominicano; los artículos 265 y 266 sobre asociación de malhechores, y el artículo 405 que sanciona la estafa en perjuicio del Estado.
