Nagua.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez dictó tres meses de prisión preventiva en contra de José Antonio Paredes, alias José Lancha, sometido a la justicia por el Ministerio Público por su vinculación al tráfico de ilegales.

Paredes fue arrestado el pasado 9 de agosto luego que fuera interceptada una embarcación aproximadamente a 40 millas náuticas frente a la costa de la Bahía de Samaná, en la cual pretendía llevar ilegalmente a Puerto Rico a 54 personas, incluyendo una menor.

A través de un comunicado de prensa se informó que la investigación del caso está a cargo de la Fiscalía de María Trinidad Sánchez conjuntamente con la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la colaboración de la Armada de la República Dominicana y la Guardia Costera de los Estados Unidos (US Coast Guard por sus siglas en inglés).

José Lancha deberá cumplir la prisión en la Fortaleza General Olegario Tenares del municipio de Nagua, de esta provincia.

En su solicitud de medidas de coerción el Ministerio Público establece que por el viaje le fue requerida a cada persona sumas comprendidas entre los US$4,000.00 a US$5,000.00, dinero que sería pagado por familiares de los mismos a otras personas, que forman parte de esta red dedicada al tráfico ilícito de migrantes, al momento de arribar a Puerto Rico, mientras que a otros del grupo les fue requerido pagar por adelantado sumas de hasta 40 mil pesos.

Sobre el arresto de Paredes, indicó que fue sorprendido en flagrante delito, mediante operativo realizado por miembros de la Armada, en conjunto con la Guardia Costera de los Estados Unidos en momentos en que el mismo transportaba al grupo a bordo de una embarcación de fabricación clandestina, tipo yola, de aproximadamente 35 pies de eslora.

Detalla que la embarcación salió el pasado 8 de agosto desde la playa de Nagua con destino hacia Puerto Rico y que durante el trayecto fue conducida por el encartado, utilizando pasos migratorios no formales y tratando de evitar ser detectado por las autoridades.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de tráfico ilícito de migrantes agravado, en el grado de ejecución, los cuales son tipificados y sancionados por el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio del Estado dominicano.

De ser encontrado culpable Paredes podría ser condenado de 10 a 15 años de reclusión y al pago de una multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos y, contemplando las agravantes indicadas en la Ley 137-03, dicho delito podría sancionarse con penas de hasta 20 años de prisión.