Santo Domingo.- Ignacio González, expresidente de la empresa pública de agua de Madrid, Canal de Isabel II, declaró a sus compañeros del Partido Popular (PP) que tenía playas en la República Dominicana, específicamente en Samaná, en los que iba a desarrollar negocios hoteleros y los instó a invertir.

Según el diario español OKDIario, González ofreció negocios a varios compañeros de partidos en las playas dominicanas.

Las actividades de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II en Latinoamérica, investigadas en un caso de corrupción en España, son hoy objeto de análisis por la Justicia, mientras el debate político crece y el tema llegará al Parlamento español.

También se investigan otros presuntos negocios en Colombia, Haití o Panamá.

La Guardia Civil detuvo este miércoles a una docena de personas vinculadas al Canal de Isabel II, entidad presidida por Ignacio González entre 2003 y 2012, año en que accedió a la presidencia de la Comunidad de Madrid, una región de más de seis millones de habitantes.

González fue uno de esos detenidos, el más relevante desde el punto de vista político ya que fue dirigente nacional del Partido Popular (PP, en el gobierno) que el mismo miércoles le suspendió de militancia.

Entre los demás detenidos figuran exdirectivos del Canal, empresa que surte de agua a la región madrileña y que en la pasada década llevó a cabo inversiones y adquisiciones en compañías de varios países latinoamericanos.

En concreto se analiza la compra de sociedades por parte de Inassa, filial del Canal que gestiona contratos de agua en varios de países suramericanos y en torno a la cual gira gran parte del caso.

Son esas actividades las que están siendo investigadas por la Justicia española en el marco de la operación Lezo, impulsada por la Audiencia Nacional, ante la sospecha de que algunos de los implicados se hayan podido repartir dinero supuestamente desviado de esas inversiones.

Además, se investiga si en algunos casos se inflaron las cifras pagadas por la compra de empresas cuyo valor real era claramente inferior.

Tras los registros en domicilios privados y despachos profesionales de los arrestados, los agentes analizan hoy la información incautada, a la espera de que entre este jueves y el sábado vayan compareciendo ante el juez para declarar, aunque pueden acogerse al derecho a no decir palabra.

Mientras tanto cobra fuerza el debate político, que sitúa en el centro de las críticas al gobernante PP (centroderecha), del que Ignacio González también fue dirigente, mientras su mentora política y antecesora al frente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declaraba hoy como testigo en el juicio del llamado caso Gürtel.

En el Gürtel se investiga una trama de empresarios que pagaban comisiones a políticos a cambio de contratos de administraciones públicas.

Una parte del caso pretende averiguar si hubo desvío de fondos al PP y si este partido tenía una contabilidad paralela.

Hoy mismo la Guardia Civil registró las sedes en Madrid de las multinacionales OHL e Indra por orden del juez Eloy Velasco, que desde la Audiencia Nacional indaga la vinculación entre la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid y la presunta financiación irregular del PP.

La oposición de izquierdas (PSOE y Podemos) y los liberales (Ciudadanos) pidieron hoy la comparecencia urgente en el Congreso de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Juan Ignacio Zoido, así como del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Los partidos quieren explicaciones sobre todas estas operaciones, así como sobre la posibilidad de que haya habido algún intento de obstaculizar la investigación acerca del PP.

Hoy se supo que en una reunión de la junta de fiscales de la Audiencia Nacional los funcionarios judiciales consiguieron revertir una orden del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, partidario de no llevar a cabo alguno de los registros de la operación Lezo, aunque no ha trascendido cuál. (Diario Libre)