Después de haber dormido durante un largo tiempo, la sociedad despertó indignada de su conservadurismo y le gritó a sus gobernantes: ¡Poned fin a la impunidad y a la corrupción administrativa!

Sorprendentemente, se trata de los mismos ciudadanos que aceptaron mansamente, el 13 de junio del 2015, la imposición de la proclamación de la Reforma Constitucional que le abrió la puerta de la reelección al presidente Danilo Medina.

Muchos indignados, entre los que se encuentran aquellos que por diversas razones no participan en las marchas del Movimiento Verde Contra la Impunidad pero apoyan sus demandas, le dieron el visto bueno a la modificación reeleccionista del artículo 124 de la Constitución Política y, posteriormente, ratificaron dicho apoyo en las elecciones del 2016, al formar parte del 62 por ciento que votó por la continuidad del presidente Medina en el poder y la hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la conducción del Estado.

Esto fue producto de la genialidad del mago publicitario del presidente Medina, Joao Santana, quien encandiló al electorado y también, inexplicablemente, a los candidatos de la oposición, los cuales a pesar de su condición de primer actor del escándalo de financiamiento ilegal más grande del siglo, no usaron su gravísimo caso en la campaña electoral en contra de Danilo Medina.

Los 788 millones de dólares pagados en sobornos por la constructora Odebrecht en doce países, incluidos 92 en la República Dominicana, así como el financiamiento ilegal de diversas campañas electorales, son los motivos de las protestas sociales y, por vía de consecuencia, del aborto de los planes reeleccionistas que estaban fraguando muchos altos funcionarios del gobierno.

Además de los referidos hechos, un acontecimiento, sin precedentes, acontecido el pasado 31 de marzo en Paraguay, donde un grupo de manifestantes incendió el Congreso en rechazo de la reelección presidencial, es otro trascendental elemento disuasivo en contra de cualquier descabellado intento de reformar la Constitución Política, por segunda vez, para imponer la continuidad de Danilo Medina.

Hasta que el congreso fue ocupado e incendiado por un grupo de ciudadanos que recurrieron a la violencia para defender la Constitución, la alianza estratégica entre el presidente Horacio Cartes y el expresidente Fernando Lugo parecía que impondría, sin ningún contratiempo, la reelección en Paraguay.

Sin embargo, no fue así, las llamas antirreleccionistas ardieron con tanta intensidad que, en pocas horas, obligaron al presidente Cartes a renunciar a cualquier intento de reelegirse para un segundo mandato.

Por tal motivo, sin lugar a dudas, las llamas populares que pulverizaron el texto constitucional en el que el Senado de Paraguay instauró la reelección presidencial, se podrían extender a cualquier país de Latinoamérica en el que con la misma intención un presidente se ponga a jugar con la Carta Sustantiva.

Cualquier intento de reformar la Constitución con el objetivo de imponer la reelección presidencial, durante el tiempo que resta del actual período constitucional, tendría consecuencias traumáticas para la democracia, por lo que es descartable que el presidente Medina se embarque en una aventura tan peligrosa.

Mientras tanto, el movimiento que lucha contra el fin de la impunidad, ya ha logrado contribuir con el fin de la reelección.