Santo Domingo.- Los fiscales anticorrupción solicitaron este martes a las juezas que conocen el caso Odebrecht que Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa sean condenados a 10 años de prisión.

Contra Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez pidieron que se le impongan cinco años de cárcel.

Y para Conrado Pittaluga pidió que le dicten 7 años de prisión. Para todos, solcitó, además, que se le conde al pago de una multa de200 salarios mínimo como multa y al pago de las costas.

Por otro lado, solicitaron a las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes componen el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que declaren el decomiso, a favor el Estado, de cientos de bienes millonarios de los seis imputados, ente ellos apartamentos en torres, solares y villa en distintos puntos del país

Además, cuentas bancarias en dólares y pesos, certificados de inversión, bonos y otros tipos de productos financieros.

En el caso del imputado Victo Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, pidieron que le sea decomisado el famoso yate La Barbie.

Durante la audiencia de hoy, el Ministerio Público terminó de presentar sus alegatos finales con los cuales buscan que las juezas acojan su petición y declaren culpables a Ángel Rondón, quien fungía como representante comercial de Odebrecht; los exfuncionarios Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez, los exsenadores Andrés Bautista y Tommy Galán y al abogado Conrado Pittaluga, de haber participado en la recepción y distribución de US$92 millones que la constructora Odebrecht admitió pagó en sobornos.

Ayer, los fiscales se mostraron confiados en que las magistradas, luego de deliberar, dictarán sentencias condenatorias contra los imputados, pues dijeron, que la teoría del caso del Ministerio Público quedó probada “más allá de toda duda razonable”.

La fiscal Mirna Ortiz les ha dicho a las juezas que la corrupción contribuye a incrementar la pobreza y roba el derecho de los ciudadanos de tener acceso a los servicios básicos.

“Cuando los recursos, los impuestos que pagamos los buenos ciudadanos no son destinados apropiadamente para satisfacer estas necesidades, porque quedan dentro de los bolsillos de unos pocos, se afecta la calidad de vida del conglomerado de la sociedad”, expresó.

En la próxima audiencia, le tocará el turno al imputado Ángel Rondón de presentar sus alegatos finales y solicitarles a las juezas lo que crea conveniente. Para esto dispondrá de seis días.