Entre los aspectos más relevantes del proceso electoral recién concluido vale relevar que no fue simplemente la derrota de un partido que gobernó el país durante los últimos 16 años, sino de uno que se había constituido en corporación para usufructuar, contra todas las normativas, desde las constitucionales a las legales, todo el poder del Estado para reproducirse y mantener un dominio casi absoluto.

Ayer se cumplió un año de que el presidente Danilo Medina tuvo que poner fin, en dramático discurso, a los intentos de comprar una segunda reforma constitucional para mantenerse en el poder abusando de todas sus prerrogativas, como ya había hecho en el 2016. Porque nadie que se precie de serio puede ignorar que el presupuesto nacional fue instrumentado en ambas ocasiones en aras del continuismo.

Esta vez no pudieron comprar una treintena de diputados y la militarización del Congreso, en vez de intimidar como se pretendía, generó mayor resistencia.

Esta ha sido una de las mejores victorias de la historia nacional contra el absolutismo presidencialista y el abuso del Estado, que a duras penas pudo imponerse en las primarias de octubre, pero generando una profunda división del Partido-Corporación-Estado, que fue víctima de su propia maña, porque fue con el abuso del Estado que financiaron y ejecutaron la división del más antiguo y grande partido del intento democrático dominicano del último siglo, el PRD, y que absorbieron lo que Joaquín Balaguer legó como partido, el PRSC.

Son muchos los que analizan las victorias electorales del PLD como obra maestra de la orfebrería política, ignorando todos los ingredientes antidemocráticos y de corrupción que conllevaron. Ganó en el 1996, con auxilio del Balaguer, y obtuvo su más limpia victoria en el 2004, cuando no controlaba el Estado, pero a partir de ahí hay que entrecomillar sus victorias, si se aplican los parámetros democráticos.

En ese escenario no se puede ignorar que el PLD se apropió de todas las instituciones del Estado, y compró no sólo partidos, también órganos sindicales, sociales y hasta empresariales. Llevó sus dirigentes a controlar los órganos electorales, las altas cortes, la justicia y el ministerio público, la Cámara de Cuentas, y desde luego el Congreso Nacional.

Creó una red de miles de comunicadores en todo el país, pagados por los dineros públicos, en nóminas y con generosa publicidad.

Mediante contratos de compras y asesorías, o directamente en las nóminas, recogió una parte importante de la inteligencia nacional en todas las áreas, para neutralizarlas y mediatizar la criticidad.

Mientras programas de subsidios-migajas cooptaban una gran proporción de los más pobres, a los que se trataba de controlar en cada cita electoral.

Conformó una alianza de 14 partidos entregándole a cada uno un pedacito del Estado para que lo sobrecargaran con decenas de miles de militantes partidistas, desde ministerios como el de Relaciones Exteriores, hasta entidades poco funcionales como el Inespre, la ODC, Procomunidad y otros.

En las campañas electorales incorporaba como empleados temporeros en los órganos estatales a decenas de miles de activistas políticos.

Su poder corrosivo no tuvo límites y se exhibió hasta en la difusión de conversaciones telefónicas privadas, en la hostilidad a medios y comunicadores independientes y en símbolos nacionales como la jueza Miriam Germán.

Fue ese partido-corporación-Estado el que fue derrotado por la ciudadanía dominicana y por el PRM, y su candidato presidencial, Luis Abinader, quienes lograron rescatar parte del débil patrimonio democrático dominicano y aliarse a los grupos sociales y personalidades independientes para rentabilizar la fatiga generada por la enorme corrupción, delincuencia e impunidad, el narcotráfico, la ineficiencia en el control fronterizo y la enorme desigualdad a pesar de un alto crecimiento económico, por cierto, en gran medida fundado en el endeudamiento, duplicado en la última década.

La enorme fatiga generada por el PLD fue la mayor causa de su derrota, que incluyó esa barrida a 26 senadores, que con un par de excepciones se imponían también con extracciones del presupuesto nacional, como los barrilitos, algunos de los cuales llegaron a creer que habían heredado las curules.

Hay motivos de sobra para celebrar la barrida del 5 de julio, pero sobre todo para mantener firmes reclamos de reformas políticas e institucionales que impidan la repetición del partido-corporación-Estado. Lo saben los del PRM y no se debe permitir que lo olviden.-