Santo Domingo. – Las recientes declaraciones del director de la Policía Nacional sobre el cierre de barberías y salones de belleza en horario nocturno representan una señal peligrosa del gobierno para el Estado de derecho y las garantías constitucionales en la República Dominicana.

Así lo considera el secretario general del partido Fuerza del Pueblo (FP), Antonio Florián (Peñita).

Tras calificar como inconstitucionales y arbitrarias dichas afirmaciones emitidas en presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo que este tipo de planteamientos vulneran el derecho al trabajo consagrado en el artículo 62 de la Constitución, y abren la puerta a excesos de autoridad.

“El gobierno del PRM ha dado una señal peligrosa al permitir que se emitan mensajes confusos que, en la práctica, promueven acciones fuera del marco legal”, sentenció el dirigente opositor.

Abinader se lava las manos

Asimismo, sostuvo que la ambigüedad del presidente Luis Abinader quien, al ser cuestionado por la prensa, dijo no creer que esa haya sido la declaración real del director de la Policía. Delegó una posible aclaración en la ministra Raful evidencia una preocupante falta de información del mandatario y una descoordinación institucional ante temas sensibles que afectan a miles de ciudadanos.

“El presidente debió rechazar de inmediato cualquier intento de limitar derechos fundamentales. Su evasiva es preocupante y transmite tolerancia hacia medidas arbitrarias”, agregó Florián.

El jefe policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, declare a la prensa que “una barbería no puede amanecer trabajando. Porque si un patrullero tiene control de su zona y detecta ese tipo de irregularidad, porque es una irregularidad, él tiene que actuar”.

Después, la ministra Raful intentó aclarar el tema a través de la red social X, asegurando que el cierre de la barbería en cuestión se debió a la venta de alcohol fuera del horario permitido. No obstante, para la Fuerza del Pueblo, el contexto general evidencia una práctica reiterada de abusos, como la intervención de agentes en propiedades privadas sin orden judicial, en violación de múltiples artículos constitucionales.

“La ministra de Interior y Policía, para justificar la acción policial, mostró en su publicación imágenes de botellas vacías de bebidas alcohólicas fuera del local comercial. Pero no presentó ninguna evidencia del interior que pruebe que realmente en esa peluquería se estaba vendiendo alcohol”, afirmó Florián.

En contraste, destacó un video difundido por el propio peluquero, en el que se observa el lugar con presencia policial, sin que se evidencie ningún tipo de nevera o actividad relacionada con la venta de bebidas.

Actuaciones no normalizadas

Florián advirtió que este tipo de actuaciones no pueden ser normalizadas: “No se puede permitir que autoridades sin competencia legal intenten imponer restricciones por encima de los derechos ciudadanos. El trabajo honesto no puede ser criminalizado”.

Exhortó a todos los sectores sociales y políticos a permanecer atentos y denunciar cualquier manifestación de abuso de poder.

“Cuando se permite que se pisoteen derechos fundamentales, se sientan precedentes peligrosos para la democracia”, concluyó.