La profesora María Teresa Cabrera, ha puesto en claro las causas por las cuales algunas empresas editoriales han salido a protestar por la decisión que ha tomado el Gobierno respecto a la edición de los libros de textos escolares.
Hasta ahora esas impresiones se encargaban a editoras privadas y el Estado debía pagar a cambio, sacados de los dineros públicos, la respetable suma de 6,456 millones de pesos en cada año escolar.

Ahora, el Gobierno ha tomado la saludable decisión de poner esas ediciones a cargo o bajo supervisión de reputadas instituciones públicas y docentes, universidades, la Academia de Ciencias, el Archivo General de la Nación, entre otras, con lo cual el costo de esas impresiones se reduce a tan solo 2,000 millones de pesos y por vía de consecuencia, se abarata el precio que los adquirientes de esos textos deben pagar para enviar sus hijos a la escuela.

Y desde luego, la calidad de los contenidos deberá mejorar notablemente.

Desde el ángulo de los editores han surgido voces acusando al Gobierno de incurrir en lo que esas voces denominan la “estatización” de la producción de textos del sistema educativo.

Esa acusación vacía se cae de golpe, ya que si en algo debe el Estado intervenir es en la educación, que es una de sus responsabilidades esenciales e insoslayables por más que se oponga una parte del empresariado privado, que concibe la educación pública como otro de sus grandes negocios.

Mejor aún, porque además de intervenir en el problema de las ediciones de textos escolares, el Gobierno pondrá en funcionamiento otros recursos didácticos, audiovisuales, los libros propiamente dichos, a los cuales los educandos tendrán acceso gratuitamente.

“El Estado no está obligado a comprarles a empresas editoriales privadas cuatro o cinco veces más caro, a costa del sudor del pueblo”, dijo la profesora Cabrera y enfatizó: “Debe estar claro que la aplicación de una política editorial del Estado es correcta y debemos defenderla”.

Desde aquí, me solidarizo completamente con el pronunciamiento de la profesora y ojalá el presidente Luis Abinader y el mismo Ministerio de Educación, no den su brazo a torcer y mantengan invariable la correcta decisión que han tomado.

Otras entidades habrán de pronunciarse en el mismo sentido. Como acaba de hacerlo desde la misma actitud y el mismo concepto, el Partido Comunista del Trabajo, por conducto de Manuel Salazar, su secretario general y vocero autorizado.