Es complicado hacer una reforma tributaria en el país y mucho más si el enfoque es integral, aunque realmente se requiere para estabilizar al menos la curva de la deuda, que se mueve hacia arriba en grados sin precedentes en nuestra historia, hipotecando el futuro de hijos y nietos de los contribuyentes de hoy.

Hay dos factores adversos para el proceso: la coyuntura, con la economía zarandeada por la pandemia y que apenas empieza a despertar, y el tiempo, muy corto para armar la reforma de cara a 2022. Si las discusiones se inician en ese año, para consolidarlas en 2023, podría ser contraproducente con los intereses de la reelección en 2024.

Son abundantes los mensajes en los medios de comunicación sobre la “eficiencia tributaria”. Los indicadores de recaudación son objeto de titulares festivos en los periódicos y en las redes sociales. En ese contexto, si estamos recaudando en forma histórica, hablar de reforma tributaria no cuadra.

Sospecho que, si bien evitaría el trago amargo de los cambios en la estructura tributaria, algo tendrá que hacer el gobierno para dar sostenibilidad a las finanzas públicas.

Reducir la nómina nada aportaría al déficit y eliminar las botellas con el señuelo de la impresión de cheques no irá más allá de lo simbólico o del efectismo propio de las relaciones públicas.

Los parches fiscales han sido una tentación de nuestros gobiernos para recaudar más evitando pagar el costo político. Siempre están disponibles las salidas astutas con el propósito de elevar impuestos sin pasar por el Congreso, mucho mejor si se asumen bajo una “lucha patriótica” contra los más ricos, aunque los pobres terminen pagando los platos rotos.

Hoy en día, sin embargo, los parches tributarios afrontan grandes desafíos para lograr éxito al dirimirse en las redes sociales y en la Plaza de la Bandera, que son la cruz para espantar al diablo.

Quizás lo más conveniente es que el gobierno organice la venta de activos en el sector eléctrico (que anida el mayor problema fiscal de los dominicanos) para aguantar un poco hasta 2024.

De paso, pondría en los hombros del sector privado la tarifa eléctrica flotante, capaz de llevarse de encuentro cualquier proyecto de poder. Meter la reforma fiscal en un segundo período de gestión -si se logra- parecería menos traumático. ¿Será esa la apuesta?